“La especialidad agraria será un avance significativo en el desarrollo rural colombiano”. Consejero Archila

”Se llevará a las zonas rurales una oferta de justicia especializada en las controversias sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra, y a la vez empática con las brechas de acceso a la resolución de conflictos que hoy tienen las y los campesinos del país”: Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López.
 
 
Bogotá, 5 de octubre de 2020.- El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó hoy que la vigencia en Colombia de una Especialidad Agraria, será una herramienta clave para avanzar en el desarrollo rural y cerrar, más allá del discurso, las brechas sociales y económicas entre el campo y la ciudad. Es la oportunidad de que la justicia llegue al campesino y le facilite la resolución de sus controversias.
 
Así lo expuso la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López, quien planteó cómo este proyecto de ley propone medidas concretas que se requieren para superar los obstáculos de acceso a la justicia y a la tierra que históricamente han existido, y que apuntan a la especialidad de los jueces, la cercanía que deben tener con las zonas rurales y sus dinámicas, la necesidad de privilegiar la solución conciliada de las controversias, así como un proceso  ágil y atento a la situación particular de los campesinos, y, en especial, de las mujeres rurales. Es un proyecto que entiende cuáles son los obstáculos y cómo superarlos.
 
Archila mencionó que es un claro compromiso del gobierno nacional de avanzar en la implementación de la política de Paz con Legalidad, y por ello,  el Ministerio de Justicia y demás entidades impulsan en el Congreso de la Republica, un proyecto de ley que pretende acercar la justicia al ciudadano del campo para facilitarle  la resolución de conflictos en el uso y tenencia de tierras, en las zonas más apartadas de Colombia.
 
En esa dirección el gobierno del presidente Duque, radicó el Proyecto de Ley 134 de 2020, (Cámara de Representantes),  “por el cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”. Los coordinadores ponentes son los Representantes a la Cámara  Álvaro Hernán Prada y Juanita Goebertus, quienes preparan  ponencia para primer debate en el órgano legislativo.
 
La iniciativa enmarcada en la política de Paz con Legalidad, desarrolla una especialidad que garantiza una cobertura nacional y permanente, priorizando la intervención en los municipios PDET, con enfoque poblacional y diferencial y estableciendo instrumentos que permitan su gratuidad, agilidad y facilidad al campesino que por años careció de la presencia de la justicia. El proyecto de ley permitirá que se avance   en  asuntos como la regularización y protección de los derechos de propiedad, se promueva el uso adecuado de la tierra, mejore su planificación y ordenamiento, prevenga y mitigue los conflictos de uso y tenencia, y en particular  que contribuya a  solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos.
 
Uno de los propósitos es hacer más eficaz la justicia que llega al ciudadano. Para tal efecto se propone la creación de despachos judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contencioso administrativa, en donde harán parte de él un facilitador que será el interlocutor entre el ciudadano y el despacho judicial; un conciliador en derecho que buscará solucionar el conflicto para evitar que se inicie el proceso judicial, un despacho itinerante que permitirá que el juez se traslade al sitio o lugar que es objeto de la controversia judicial para resolver de forma ágil la contingencia en el mismo lugar.
 
El Consejero Archila y la Viceministra resaltaron que un punto importante de este proceso tiene que ver con la aplicación de justicia con enfoque de género y en ese sentido el proyecto de ley establece diferentes beneficios para la población de mujeres campesinas, afectadas históricamente por la dificultad para tener acceso a la tierra según el diagnóstico claro que arrojó un trabajo conjunto entre los Ministerios de Justicia y Agricultura con organizaciones de mujeres rurales.
 
Para las mujeres, se flexibilizan los requisitos y las pruebas que hay que aportar para demostrar su derecho; así mismo, se prevé un acompañamiento por parte de las organizaciones o asociaciones de mujeres que puedan coadyuvar la demanda sin necesidad de la demostración de la existencia de una relación sustancial.
 
Otro de los temas fundamentales para agilizar la justicia en territorio es que en el proyecto se armoniza con los asuntos ambientales: incluye no solo los derechos a la tierra, pues el juez agrario podrá conocer de asuntos ambientales cuando sea necesario para la definición del conflicto agrario o rural, lo que garantiza una decisión no solo conforme a derecho, sino ajustada al entorno de los territorios.
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