GOBIERNO PRESENTA LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN A EXCOMBATIENTES

• “NOS DUELEN TODAS LAS MUERTES Y NUNCA HEMOS ESTADO CON LOS BRAZOS CRUZADOS ANTE LOS CRIMINALES”: CONSEJERO ARCHILA 
• ESTRUCTURAS CRIMINALES ESTÁN DETRÁS DE ASESINATO DE EXCOMBATIENTES: EL 61% DE DE LOS CASOS RESUELTOS FUE ORDENADO POR DISIDENCIAS DE LAS FARC, ELN Y EL CLAN DEL GOLFO
• GESTIONAMOS $13.500 MILLONES MÁS PARA AUMENTAR ESQUEMAS SE SEGURIDAD A REINCORPORADOS

 
Bogotá, 26 de octubre de 2020.- Al mostrar en detalle las muchas acciones que se adelantan, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, explicó que el gobierno del presidente Iván Duque nunca ha estado “cruzado de brazos” frente a las acciones de las estructuras criminales responsables de homicidios y amenazas a los excombatientes, y trabaja por su protección y la de sus familias.
 
Durante la presentación de un informe de entidades de gobierno sobre las medidas especiales para proteger la vida de quienes están en proceso de reincorporación, Archila dijo que “nos duelen todas las muertes, propiciadas por quienes se lucran del narcoráfico y de las economías ilegales, y se convierten en enemigos de la construcción de paz”.
 
“No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques. Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la fuerza pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo que se resolvió en 2 meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del ejército involucrado en este episodio”, dijo.
 
Archila reiteró la plena disposición al diálogo con el partido Farc para avanzar en el mejoramiento de las medidas y señaló que “no hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado, y por el contrario, le hemos solicitado muchas veces toda la información disponible para mejorar las medidas y las investigaciones”.
 
El director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, Andrés Stapper, encuentra desde el sábado en Villavicencio y ha sostenido y acompañado reuniones con el partido Farc, la Alcaldía y la Gobernación del Meta. Con la Alcaldía de Villavicencio se acordó la apertura de una oficina de atención a 287 reincorporados. Stapper anunció también la reactivación de la Mesa Departamental de Reincorporación, con el apoyo del Gobernador del Meta.
 
Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, reveló que se han fortalecido los mecanismos de apoyo a los excombatientes. También mencionó que en el homicidio de dos excombatientes de las Farc en Meta y  Sur de Bolívar, se avanza en la investigación y se trata de determinar la razón por la cual, abandonaron sus robustos esquemas de protección en el momento en que ocurrieron los hechos. En el caso de Juan de Jesús Monroy, el día de su asesinato solo estaba con uno de los 4 escoltas asignados para su protección.
 
La Coronel Patricia Lancheros, comandante de la Unidad Policial Especial de Protección, destacó que aparte de la labor de seguridad, la institución ha desarrollado 11 mil actividades con comunidades de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización, y se han capacitado 2 mil personas en temas de violencia de género y cultura ciudadana.
 
El Coronel José Restrepo Villamil, director del  Cuerpo Élite de la Policía,   resaltó el trabajo articulado de la fuerza pública y los organismos de investigación y señaló que los métodos de trabajo se van adecuando a las modalidades que practican las bandas criminales.
 
Subrayó que esta semana se revelarán avances importantes en el caso del homicidio de Monroy, y de su escolta Luis Alexander Largo, en la vereda La Julia, de Uribe, Meta. Igualmente, dijo que la estructura criminal “Steven González”, estaría detrás del homicidio del excombatiente Marcel Macías Alvarado, ocurrido el fin de semana en Balboa, Cauca.
 
La Coronel Patricia Lancheros, comandante de la Unidad Policial Especial de Protección, destacó que aparte de la labor de seguridad, la institución ha desarrollado 11 mil actividades con comunidades de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización, y se han capacitado 2 mil personas en temas de violencia de género y cultura ciudadana.
 
El Consejero se refirió al positivo trabajo de investigación de la Fiscalía General, y reiteró que las estructuras criminales que desafían al Estado, están detrás de los homicidios y amenazas a los reincorporados que se mantienen en la legallidad.
 
El 61% de los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición,  resueltos por la Fiscalía General de la Nación, fue ordenado por las disidencias de las Farc (42%), el ELN (10%), y el Clan del Golfo (9%), recordó el Consejero.
 
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía han permitido esclarecer el 50 por cientos de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 a octubre de 2020.
 
Y 126 ataques, que corresponden al 46.7 de los reincorporados víctima de las afectaciones han sido esclarecidos.
 
Al 7 de octubre de este año, la justicia ha proferido: 40 sentencias condenatorias, hay 31 casos en juicio, 37 casos con formulación de imputación, 49 casos en indagación con orden de captura y 2 casos por preclusión.
 
Por las afectaciones contra excombatientes se han capturado 141 persona y se han vinculado 257 personas a las investigaciones y se han dictado 53 órdenes de captura contra autores intelectuales de las cuales 10 ya se han hechos efectivas.
 
 
La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, tiene equipos territoriales en Apartadó, Antioquia; Popayán, Cauca y Tumaco, Nariño.  Y cuenta con equipos itinerantes en Cúcuta, El Tarra, Tibú, Medellín, Villavicencio, Cali, Florencia y Mocoa.
 
 
ACCIONES CONCRETAS
 
Entre las acciones que están en marcha para los más de 10 mil excombatientes que de manera voluntaria e individual, adelantan su proceso de reincorporación en 583 municipios del país se han adoptado medidas especiales que van desde esquemas de seguridad individual y colectiva para aquellos en casos de riesgo.
 
Hasta el 30 de septiembre de 2020, 271 esquemas se encontraban implementados, de los cuales 231 son individuales (174 para hombres y 57 para mujeres), 15 colectivos (que cubren 46 hombres y 22 mujeres), 24 para antiguos ETCR y uno para sedes.
 
De esta manera, el Estado mantiene la estrategia para la seguridad y protección de excombatientes en las que se articulan acciones de 15 instancias propias. Ello se hace con énfasis en la prevención y la reacción inmediata ante amenazas y riesgos inminentes, y el apoyo a la investigación y la judicialización.
 
En los 24 antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), se dispuso la presencia del Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET, integrado por 2.225 efectivos de 70 pelotones del Ejército y 871 de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, con especialidades como protección con 96 enlaces, inteligencia y observadores policiales.
 
Hay un total de 3.158 integrantes de la fuerza pública para garantizar la seguridad de 2.626 reincorporados y sus familias que viven en los ETCR. Mientras en el país hay 1 integrante de la fuerza pública por cada 500 habitantes, en los ETCR hay 1,2 efectivos por cada reincorporado.
 
MÁS PROTECCIÓN
 
Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, explicó que de los 2044 funcionarios de planta de la entidad, 1305 son excombatientes de las farc: de ellos 1185  son hombres de protección y 79 son administrativos.
 
Actualmente la entidad ha dispuesto 535 vehículos blindados y ha entregado 390 chalecos  para la protección de los reincorporados.
 
En las últimas semanas la entidad gestionó 13 mil quinientos de pesos para la compra de vehículos blindados y convencionales, chalecos antibalas y equipos de comunicación para otorgarle esquemas de seguridad a un número de reincorporados que estaban pendientes de asignación.