MÁS DE $11 MIL MILLONES PARA SEGURIDAD DE LÍDERES DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y REINCORPORADOS

• “Privilegiar la vida y reparar a las víctimas, prioridades del gobierno Duque”: Consejero Emilio Archila
• Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se realiza proyecto en Chocó, Catatumbo y Pacífico Nariñense.
• Estrategia de prevención temprana y protección colectiva beneficiará directamente a personas  en proceso de reincorporación, líderes de sustitución de cultivos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
• Consejero Archila reconoce apoyo de la comunidad internacional para garantizar la vida de líderes sociales en zonas de alto riesgo.

 
Bogotá, 12 de enero de 2021. El Gobierno Nacional y  El Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación  por más de $11 mil millones para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales y reincorporados en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.
 
“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada", aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.
 
El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional a este proyecto que se desarrollará en tres regiones del país.
 
“Este  aporte del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.

Se beneficiarán mil personas directamente y más de 10 mil de forma indirecta, cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones.

El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes(as) sociales, defensores(as) de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación. Cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control territorial del crimen organizado.

Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita,  Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó; en la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense en Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí,  Popayán y Santander de Quilichao.

El proyecto por 2.5 millones de dólares será financiado por Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia con una contribución mayoritaria del Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU, y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.

La ejecución del proyecto será liderada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, y contará con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODC) y el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD).