UNIDAD PARA UNIDAD DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ

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El Defensor del Pueblo señala los avances logrados en la implementación de la Paz con Legalidad, en particular en materia de reincorporación

  • En materia de seguridad de los excombatientes, se reconoce que, “…se ha construido una estrategia robusta de prevención y protección en el marco de un concepto de seguridad humana integral.” Sobre los resultados de la coordinación que le corresponde al Consejero Archila se indicó que “…se puede evidenciar  un incremento sostenido en el esfuerzo y en la coordinación institucional para hacer más efectivas las medidas de protección.”

 

  • “El objetivo es cero muertes, cero atentados”: consejero Archila.  Es alentador que  la Defensoría concluya que éste es el proceso en que mejor se ha cuidado a quienes dejaron las armas y el Gobierno ha logrado que cada año mejore la seguridad y bajen los homicidios.

 

  • Las causas para los ataques no son ni la estigmatización ni la acción de las fuerzas armadas, ni estar en el proceso de reincorporación ni la comparecencia ante la JEP

 

  • Archila hizo eco del pedido que hace el Defensor para que todas las instancias que pueden dictar órdenes y medidas,  lo hagan reconociendo el trabajo de coordinación que adelanta la  Consejería,  y a los excombatientes para que se abstengan de comportamientos que pueden incrementar su riesgo.

Bogotá D.C., marzo 14 de 2022. El Consejero Emilio Archila resaltó hoy que la Defensoría del Pueblo de Colombia, por solicitud expresa  de la Justicia Especial para la Paz, realizó un trabajo profundo, detallado y directo sobre lo que el Gobierno ha venido haciendo en materia de seguridad de excombatientes; reconoce el trabajo  hecho y, a partir de allí, formula recomendaciones a los dirigentes y líderes de los excombatientes Farc, a la Procuraduría General de la Nación, a los departamentos, los municipios a la Jep y la Corte Constitucional.

El Defensor Carlos Camargo constata que el Gobierno actual adoptó la política de Paz con Legalidad y del seguimiento hecho ha “verificado que, para cada tema, el gobierno ha hecho explícito su intención de cumplirlos, se ha trabajado para contar con planeaciones de largo plazo y se han obtenido resultados. “Hemos planteado observaciones, pero hemos constatado los avances en materia de garantías políticas, garantías jurídicas, política de víctimas, proceso de reincorporación, programas de sustitución de cultivos ilícitos y prevención de consumo, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Desarrollo Rural Integral, Desminado, Enfoque de Género y Enfoque Étnico”, dijo el Defensor en su informe.

En el documento se resalta que el Presidente Duque introdujo la reincorporación en su Plan Nacional de Desarrollo y se muestran los significativos avances en este frente.

Sobre el punto de la seguridad de los excombatientes, La Defensoría en su reporte   reconoce que “… se ha construido una estrategia robusta de prevención y protección en el marco de un concepto de seguridad humana integral.” Y, sobre los resultados de la coordinación que le corresponde, el Consejero Archila indica que “… no es posible evidenciar una negligencia en la articulación institucional para la protección, por el contrario, se puede evidenciar un incremento sostenido en el esfuerzo y en la coordinación institucional para hacer más efectivas las medidas de protección”.

En contraste con lo que se ha pretendido en otras instancias, para el Defensor es claro que “la seguridad de las personas en proceso de reincorporación es una tarea de la que se ocupa el alto gobierno, bajo las directrices del Presidente de la República, y la coordinación del Consejero para la Estabilización y Consolidación” y que “en ese trabajo se ha involucrado a todas las entidades con competencia, primero a través de una Mesa de Coordinación Interinstitucional que luego mutó a ser la ejecutora del Plan Estratégico par la Seguridad de los Excombatientes y sus Familias. Además están la Defensoría, la Unidad Nacional de Protección y su Subdirección Especializada, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ejercito Nacional, la Policía Nacional a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz- UNIPEP, La Fiscalía General de la nación y su Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite de la DIJIN de la Policía, la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las Alcandías y Gobernaciones, hacen parte de dicha Mesa de Coordinación Interinstitucional.”

Resaltó que en el dictamen se destaca que desde antes, y aún luego de que el consejero Emilio Archila expidiera el Plan Estratégico para la Seguridad de Excombatientes, el cual está constituido por 8 líneas estratégicas – , se ha avanzado en todos los frentes “con el compromiso de todas las entidades del Estado concernidas en  la seguridad de esta población, aún en las difíciles condiciones derivadas de la existencia de grupos armados y los esfuerzos que se han precisado, derivados de la Pandemia.”

Ello tiene que ver con la Seguridad y protección en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, seguridad para población por fuera de AETCR, reducción de la vulnerabilidad, acciones contra la estigmatización, medidas de protección según el nivel de riesgo, reacción institucional frente a situaciones de daño inminente y los “… esfuerzos importantes por hacer eficiente la Unidad Nacional de Protección, UNP y se cuente con los recursos y capacidades necesarias para proteger a los excombatientes”.

Sobre los resultados logrados se recalca que, “… en comparativa con los procesos anteriores que se han surtido en Colombia, el proceso de implementación posterior a los acuerdos de Paz con las FARC ha sido aquel con el menor número de víctimas mortales por cada mil personas en reincorporación.” Y que fruto de la implementación de las medidas que hemos coordinado, “…al evaluar la dinámica del fenómeno en el tiempo se evidencia que desde el año 2017, el número de muertes violentas de excombatientes ha ido disminuyendo cada año en comparación con el anterior, lo cual coincide con el incremento de las medidas de seguridad, y en particular con las medidas de protección, año a año”.

“Es relevante indicar que los casos en que las fuerzas armadas han estado involucradas en los homicidios representan únicamente el 1% de la totalidad de los hechos. Se trata de casos aislados, que han sido investigados y sancionados de manera inmediata. En este mismo sentido, hay que resaltar que la Fiscalía ha reportado un avance del 58,24% sobre el esclarecimiento de los 285 casos de homicidios en los cuales son competentes, un porcentaje que resulta alentador y demuestra un esfuerzo notable en la materia”, señala.

Se felicitó al aparato judicial de Colombia al comprobar los avance en el esclarecimiento de los  casos, los procesos de captura y las sentencias en contra de los responsables materiales, igual que los intelectuales.

Acerca de las causas, se descarta por completo que haya alguna participación sistemática de las fuerzas armadas, entiende que sí han existido acciones permanentes contra las estructuras criminales involucradas, y corrobora lo  señalado por el Consejero Archila,  sobre que“… los principales causantes de los homicidios son grupos armados, principalmente las Disidencias, el ELN y el Clan del Golfo”.

Yendo al pedido de la JEP, en este detallado análisis se descarta que un móvil recurrente haya sido la participación en el proceso de paz o que los atacados hayan comparecido a la JEP.  “Tampoco se evidencia en las investigaciones que las vulneraciones del derecho a la vida a las personas en reintegración estén motivadas o fundamentadas en algún tipo de estigmatización ni por parte de las autoridades ni por parte de terceros.”

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a que las autoridades judiciales “sumen”.  Ciertamente, a diferencia de lo que han hecho otras instancias, en este caso se reconoció la importancia del trabajo que se viene haciendo y, por ello, todas las recomendaciones “… deben entenderse en el contexto del Plan Estratégico de Seguridad y, por ello, deben lograrse de manera que sumen a lo que se viene desarrollando, sin desarticularlo. Es entonces necesario que para su implementación se cuente con el concurso de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.”

Por primera vez, se hicieron recomendaciones a los ex Farc.  Uno de los puntos más relevantes es el pedido a la colaboración de los protegidos, esto es los excombatientes y en particular sus líderes, para que actúen en el sentido de corregir comportamientos que incrementan sus riesgos, tales como “… eventos en que excombatientes que contaban con esquemas de seguridad han sido asesinados, los protegidos habían decidido desplazarse sin el acompañamiento de su esquema.” Los que se han denominado NAR, y la “…tendencia a trasladarse a lugares lejanos y en pequeños grupos,” ya que que “… influye negativamente en las condiciones de seguridad y hace más compleja la protección de los excombatientes.

Reiteró lo grave que es que en algunos eventos, “…las comunidades de excombatientes no han aceptado la protección o no la han recibido en la forma que se les recomienda”.

“Dado que las estructuras criminales que atentan mayoritariamente contra los excombatientes se dedican principalmente al narcotráfico resulta relevante la información” sobre el narcotráfico de parte de los ex Farc, que sea útil para enfrentar esa forma de crimen”. “No se encuentra que haya información que los excombatientes hayan compartido con las autoridades sobre las condiciones de las amenazas para facilitar su trabajo”, según el reporte