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El informe de la Misión de la ONU “HEMOS AVANZADO CONSISTENTEMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN: ESTE ES UN PROCESO IRREVERSIBLE”: CONSEJERO EMILIO ARCHILA

  • “Son notorios los progresos en víctimas, reincorporación, sustitución de cultivos y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET”
  • Gobierno impulsará el pacto con corrientes políticas por un proceso electoral sin violencia ni estigmatización
  • Archila reitera que el gobierno sí tiene una política de protección de excombatientes en reincorporación

Bogotá, 5 de abril de 2022.- El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila afirmó hoy que el gobierno del presidente Iván Duque ha avanzado consistentemente en la implementación, haciendo de la Paz con Legalidad un proceso irreversible, con progresos evidentes en atención a víctimas, reincorporación de  ex combatientes, sustitución de cultivos y PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, con planeación, garantías jurídicas y políticas, inversiones y obras sin precedentes en el país.                        

Archila se refirió en extenso al informe que  será presentado por Carlos Ruiz Massieu, el Representante Especial del Secretario General  de La ONU en Colombia, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 12 de abril en Nueva York,  con asistencia del presidente Iván Duque.

“Colombia sigue siendo ejemplo ante el mundo por la forma como está avanzando en diversos frentes, como las reparaciones colectivas a las víctimas de la violencia el apoyo a quienes dejaron las armas o los impulsos a los PDET, una herramienta de transformación rural digna de tenerse en cuenta en otras latitudes”, dijo el consejero.

En el informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022, el Secretario Guterres, destacó diversas acciones de la implementación, a través de la política de Paz con Legalidad, y se refirió como un hecho significativo a la elección de representantes de las víctimas en las 16 curules de paz de la Cámara en los comicios del pasado 13 de marzo. “Votaron pacíficamente más de 530 mil ciudadanos en 167 municipios”.

“Esto representa un hito importante en la implementación del Acuerdo y su contribución hacia una democracia más inclusiva”, señaló al mencionar la necesidad de que se den los frutos de décadas de esfuerzo en la construcción de paz por parte de la sociedad colombiana.

También reconoció la importancia de la actividad que desplegaron los candidatos del partido Comunes, de las antiguas Farc, que contaron con esquemas de seguridad y tuvieron plenas garantías para su participación en el proceso democrático.

Archila validó el reconocimiento del Secretario Guterres al “Pacto por la Vida” que días antes de las elecciones, a instancias del presidente Duque, suscribieron  las corrientes políticas del país para que el proceso electoral, con los líderes de la nación a la cabeza, avance en una campaña sin violencia ni estigmatización”.

Según el consejero Archila, resulta reconfortante que el reporte de Naciones Unidas reconozca “el esfuerzo del Gobierno y el de las instituciones del Estado, así como el de excombatientes y el de las comunidades que han depositado sus esperanzas en las promesas de desarrollo, reconciliación y no repetición”.

Insistió en que “el gobierno del presidente Duque no ha escatimado  esfuerzos para proteger, no solo  a la población de ex combatientes que dieron el paso a la legalidad, sino a quienes abandonaron los cultivos ilícitos.  “Más de 20 entidades de gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo trabajan en las medidas de protección. Y se han logrado avances importantes en las acciones de la Fiscalía,  con procesos de investigación y condena a autores materiales e intelectuales de los homicidios de ex combatientes”, manifestó Archila.

“Es necesario tener en cuenta que el reporte de la ONU fue redactado antes de que se conociera el completo informe de la Defensoría del Pueblo en el que se hace un juicioso análisis sobre el trabajo de los organismos del Estado en materia de seguridad de ex combatientes. Ya en su momento será reconocido ese esfuerzo, pero como hemos dicho, el objetivo es que haya cero ataques, cero muertos”, ratificó el funcionario.

Otras acciones

El reporte de la ONU reconoció que,” a la fecha, el 63% de las y los excombatientes acreditados participa en proyectos productivos. Hay 116 proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que benefician a 3.855 personas (1.089 mujeres) y 3.918 proyectos productivos individuales aprobados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que benefician a 4.736 personas (1.097 mujeres). Como avance positivo, se informa sobre la compra, por parte del Gobierno, de dos terrenos para el antiguo Espacio de Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Anorí, Antioquia, elevando a 10 el número de antiguos ETCR que ya cuentan con tierras”.

El gobierno reiteró el respeto del gobierno Duque por la autonomía e independencia de la Justicia Transicional y recordó que aún durante la pandemia, pese a dificultades económicas, nunca se vieron afectados los presupuestos para su funcionamiento.

También el consejero exaltó el esfuerzo de la actual administración en el apoyo  las 100 mil familias, unos 400 mil colombianos que abandonaron los cultivos ilícitos y están hoy en la legalidad. Sobre el tema, la Misión señaló: “ la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, previsto en el punto 4 del Acuerdo Final, sigue adelante a pesar de los desafíos que persisten, como los problemas de seguridad. Según el Gobierno, hasta enero de 2022 se habían erradicado voluntariamente en el marco del Programa unas 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos. El Gobierno ha reiterado su compromiso con el Programa y ha reportado que hasta la fecha ha destinado 134 millones de dólares a proyectos productivos de más de 45.000 familias (el 40 % de ellas encabezadas por mujeres). La pronta implementación de estos proyectos, junto con mayores avances en las medidas de reforma rural previstas en el Acuerdo y el acceso necesario a los mercados para productos legales alternativos, es indispensable para que las familias participantes sigan en el Programa y este sea sostenible a largo plazo”.

El reporte consignó un reconocimiento especial respecto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, una gran herramienta de transformación rural”.

“El Gobierno concluyó la preparación de 15 de las 16 hojas de ruta de estabilización. El Gobierno se había comprometido a agrupar bajo estos instrumentos de planificación de largo plazo las más de 32.000 iniciativas presentadas por más de 220.000 colombianos de regiones empobrecidas y afectadas por el conflicto que habían participado en la fase de diseño de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), culminados en 2018. El Gobierno también informó que ya se están ejecutando más de 3.200 de estos proyectos, con inversiones que rondan los $3.000 millones. De estos proyectos, 564 se financian a través de regalías de explotación de minerales e hidrocarburos. Setenta y uno de los 564 proyectos ya se han completado y 302 están en ejecución.

El Foro Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos creado por el Acuerdo y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación acordaron desarrollar un plan de trabajo para el 2022, que incluirá una hoja de ruta para la promoción de los PDET con enfoque étnico. Comunidades de zonas afectadas por el conflicto, como Putumayo, piden mayor volumen de acciones e inversiones en PDET”.

En otros temas, la Misión mencionó que “la Alta Instancia de Género del Gobierno celebró una sesión en enero para informar sobre los avances en la implementación de los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final. Hasta la fecha se han cumplido el 25 % de los indicadores y el 75 % están en marcha”.

Seguridad

Archila  recordó que el compromiso del Gobierno con la seguridad y protección de los excombatientes de las Farc es absoluto. Por eso, se ha dispuesto que su articulación se realice directamente desde la Presidencia de la República, con énfasis en la prevención, bajo un concepto integral de seguridad en el contexto de la reincorporación y del cumplimiento del Acuerdo y con una política de cero tolerancias frente a conductas irregulares de agentes del Estado.  

“Avanzamos en investigaciones de ataques hacia esa población. Los ataques provienen de las disidencias y el narcotráfico, los enemigos verdaderos de la sociedad colombiana”, argumentó.

Es una gestión de seguridad respecto de una población de 12.826 personas en proceso de reincorporación, en circunstancias bastante complejas. 2.347 están ubicadas en los antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación y 9.681 personas están ubicadas por fuera de los antiguos ETCR, a lo largo de 550 municipios.

De acuerdo con la Fiscalía, en el 79,8% de los casos con avance de esclarecimiento, los victimarios han sido organizaciones criminales armadas, que operan en zonas con conflictos por el control territorial de economías ilegales, como Disidencias (GAO residuales), ELN, Clan del Golfo, Disidencias del EPL, Los Pelusos, Los Caparros, Los Contadores.