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Seminario de Justicia Transicional “ES CLAVE ESCUCHAR LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS, PORQUE NOS DEBEMOS A ELLAS”: CONSEJERO ARCHILA

  • Jueces de países africanos alertan sobre el impacto de crímenes atroces y violencia de género en procesos de reconciliación
  • “Aquí la verdad es el derecho fundamental de las víctimas”: Camila Moreno, Directora del Centro Internacional de Justicia Transicional
  • “Los fallos deben generar confianza para que haya reconciliación”, dice Alberto Mora, presidente de la Asociación de Abogados Americanos

Bogotá, 25 de marzo de 2021.- El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó hoy que resulta clave en este momento escuchar la voz de las víctimas, que han hablado ya en diversos escenarios, porque – claramente – nos debemos a ellas y esto resulta clave para que haya justicia, reparación y no repetición”.

Durante la jornada del Seminario Internacional de Justicia Transicional, liderada por la Asociación de Abogados Americanos, ABA ROLI  y la Consejería de Estabilización, Archila resaltó la importancia de que sean escuchadas las voces de las víctimas  que hablaron en el pilar de reconciliación de los ¨Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en los planes de retorno, en  las reparaciones colectivas y en otros escenarios de búsqueda de paz y de verdad.

En esta primera jornada se debatieron principalmente los retos de la Justicia Internacional ante las graves violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y el paradigma de la Justicia Restaurativa. Desde esa perspectiva se ahondó  en los principios de la Justicia Penal como la proporcionalidad de la pena, el principio de legalidad y los estándares probatorios. Asimismo, en el marco de la discusión se desarrollaron temáticas como la problemática y la garantía de los derechos de las mujeres, así como los desafíos de la Justicia Internacional  de investigar los delitos de violencia sexual, con  algunas “lecciones aprendidas” para la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

En la presentación del evento, el consejero Archila dijo que una de las particularidades del Acuerdo en Colombia, es que se firmó con uno de los varios grupos que generaban violencia, y ello hace necesario escuchar a todas las víctimas. “No es solo repararlas sino garantizar la no repetición. Hoy las víctimas tienen representación en el Congreso. Cuentan con reparaciones individuales y colectivas, que son determinantes. Más del 80% de las víctimas en Colombia fueron afectadas por el desplazamiento, y por eso la importancia de los planes de retorno”, agregó.

Archila resaltó que se está haciendo un esfuerzo mayor con el impulso a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se ejecutan en los 170 municipios más golpeados por la violencia, la tercera parte de la geografía colombiana, donde residen más de 6.6 millones de personas, en su mayoría víctimas. “Allí se trabaja sobre 8 pilares, uno de ellos el de reconciliación, en el entendido de que la paz es de todos nosotros y nos debe aglutinar para el bien de Colombia y de todas nuestras víctimas”, agregó.

Alberto Mora, director ejecutivo de la Asociación de Abogados Americanos,  resaltó el papel fundamental que cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y dijo que sus fallos deben ser generadores de confianza para que deriven en la reconstrucción de tejido social.

El debate

Susan Okalany, magistrada  de la División de Crímenes Internacionales del Tribunal Superior de Uganda, señaló durante el seminario que  los crímenes atroces y violencia de género tienen un alto impacto en los procesos de reconciliación de los países afectados.

Relató que en África, y particularmente en el norte de Uganda, han sido desproporcionados los casos de violencia sexual, vulnerando los derechos de hombres, mujeres y niños. “Han sufrido terribles humillaciones. No es posible investigar todos los crímenes en profundidad y es un desafío a nivel internacional”, añadió la magistrada.

Tras sugerir que algunos países como Colombia debieran tener una comisión especial para investigar estos casos, dijo que hay factores adicionales complejos. Citó por ejemplo el caso de Uganda, donde la ley solo concibe la violación –por definición legal – de un hombre hacia una mujer. Igualmente, los casos de comandantes militares que cometieron crímenes o mujeres que han regresado a sus sitios de origen con hijos fruto del abuso, o víctimas que no reciben una compensación, y nadie les ha rendido cuentas de lo que pasó.

Para el magistrado de la Justicia Especial para la Paz, JEP, Camilo Suárez, el modelo de justicia especial que tenemos en Colombia busca, por encima de las penas y sanciones, permitir que los victimarios acepten su responsabilidad en los hechos  y se comprometan con la reparación y dignificación a las víctimas.

“Estamos en una apuesta con un modelo de sanciones inédito. Este  modelo pretende satisfacer a las víctimas y estamos como jueces bajo el imperio de nuestra Constitución. Debemos tener en cuenta que el resultado de la JEP, está originado a través de un acuerdo político que consultó el momento que vivía el país. La sanción debe buscar la reparación  a las víctimas y consolidar la paz”, señaló el magistrado.

María Camila Moreno, Directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), manifestó a su turno que no hay modelos únicos de justicia transicional, y por ello se trabaja en la búsqueda de contextos, en medio de una alta complejidad política.

Indicó que la verdad es un derecho fundamental de las víctimas y un pilar de los procesos, en el propósito de esclarecer los hechos, construir explicaciones satisfactorias, explicar el porqué de los hechos y generar reconciliación.