- En el marco de la octava sesión de la Instancia Gobierno – JEP se aprobó la Ruta de coordinación interinstitucional entre el Gobierno nacional, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; un importante paso para la implementación de sanciones propias y medidas de contribución.
- Se socializó el memorando de entendimiento firmado entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el cual se establecen las líneas de intervención que incluyen: acción integral contra minas, medio ambiente y territorio, enfoque étnico intersectorial y otros temas.
- El acuerdo que formaliza la puesta en marcha de la ruta de articulación interinstitucional fue suscrito por todas las entidades que conforman la instancia de articulación con el Gobierno Nacional. Este compromiso conjunto resalta el trabajo coordinado entre las instituciones para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Bogotá, 30 de abril de 2025. (@UAcuerdoPaz – @UnidadVictimas -@JEP). Como un hecho histórico en el avance de acciones que permitan la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente frente a su punto cinco relacionado con las víctimas del conflicto armado interno, se aprobó la ruta de coordinación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que significa un importante paso para la implementación de sanciones propias y medidas de contribución.
La noticia se dio en al marco de la octava sesión de la Instancia Gobierno – JEP, representada en la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, con su delega presidencial Gloria Cuartas, los Ministerios de Justicia (Secretaría Técnica), Igualdad, Defensa Nacional; las Agencias de Renovación del Territorio (ART), para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Hemos hecho un proceso dialógico con la JEP y las distintas entidades de gobierno desarrollando los artículos 204 y 205 del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy le presentamos al país y a la comunidad internacional un avance sustancial, siendo una hoja de ruta para transitar por el difícil camino de la implementación del Acuerdo de Paz y de las sanciones propias”, expresó Gloria Cuartas, que funge como presidenta de la instancia de articulación, y es la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y encargada de la Unidad para las Víctimas.
Por su parte, Alejandro Ramelli, presiente de la JEP, mencionó que: “Es un día muy importante para el país ya que el Estado colombiano está dando respuesta a las víctimas del conflicto armado. Este acuerdo de ruta de coordinación con la JEP es un gran paso hacia el fortalecimiento de la justicia transicional y un mensaje claro de compromiso de fortalecimiento de la implementación del Acuerdo de Paz”.
Mediante el Acuerdo 001 de 2025, suscrito este miércoles en las instalaciones de la Jurisdicción, se estableció la ruta de coordinación interinstitucional para la implementación de las sentencias que emita la JEP. Este Acuerdo define de manera clara el compromiso del Gobierno Nacional para la implementación efectiva de los proyectos restaurativos que permitirán la imposición de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación. Permitiendo el despliegue de acciones orientadas a restaurar el daño causado a las víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.
La ruta planteada por este Acuerdo tiene como finalidad facilitar la concreción de iniciativas con vocación restaurativa a través de proyectos específicos. Para ello, el Gobierno Nacional, por medio de sus entidades, adecuará y pondrá en marcha planes, programas y proyectos, además de garantizar las condiciones institucionales necesarias para la implementación de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación definidas por la JEP, respetando su autonomía judicial. Al mismo tiempo, permitirá que las entidades del Ejecutivo ajusten su oferta institucional a las necesidades del Tribunal para la Paz. De esta manera, se orientará la construcción de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), a los cuales se vincularán los comparecientes de la JEP.
El acuerdo fue suscrito por todas las entidades que conforman la Instancia de Articulación. Durante la firma del acuerdo, que formaliza la puesta en marcha de la ruta, estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez; y, por parte del Gobierno, Claudia Eugenia Sánchez Vergel, viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y encargada de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, quien preside la Instancia de Articulación. Todas las partes trabajaron articuladamente en la construcción de esta hoja de ruta.
Contar con directrices claras sobre este proceso es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y terminar de consolidar el enfoque restaurativo de la justicia transicional, orientado a restituir los derechos vulnerados, contribuir a las garantías de no repetición y allanar el camino hacia la paz.
La ruta funcionará en tres fases: identificación, impulso y materialización. En la primera se recopilan y registran planes, programas y proyectos con vocación restaurativa, promovidos tanto por la JEP como por el Gobierno Nacional. La fase de impulso contempla la adecuación técnica y financiera de las iniciativas, asegurando su viabilidad y su compatibilidad con las decisiones de la Jurisdicción y la oferta institucional del Estado. Finalmente, en la fase de materialización, se ejecutan ya sean las sanciones propias o las medidas de reparación, conforme a la normativa vigente y según las órdenes emitidas por la magistratura.
De este modo, el Gobierno Nacional cumplirá con su responsabilidad de proporcionar el soporte técnico y operativo necesario para impulsar proyectos restaurativos y garantizar su seguimiento. Este compromiso está alineado con lo establecido en el artículo I del acto legislativo 02 de 2017 y la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, que subraya la obligación de las entidades del Estado de cumplir de buena fe con el Acuerdo Final de Paz. Además, por esta vía el Gobierno promueve medidas que facilitan la reparación de las víctimas, conforme a la Ley 1957 de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, garantizando la implementación de sanciones propias y medidas de contribución a la reparación ordenadas por la JEP.
Proyectos restaurativos y sanciones
Al emitir sentencias con sanciones propias o resoluciones que contemplen medidas de contribución a la reparación y restauración, la magistratura seleccionará proyectos que, al menos, cuenten con los estudios legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales necesarios para garantizar su viabilidad y sostenibilidad. Si un proyecto proveniente de la oferta pública, privada o de cooperación resulta de interés para los despachos judiciales, pero requiere ajustes para asegurar su enfoque restaurativo, esto no impedirá la emisión de la sentencia o resolución. En tales casos, se podrá ordenar a la entidad correspondiente que realice los ajustes necesarios en el menor tiempo posible, para asegurar la pronta implementación de las decisiones.
Dentro de sus competencias constitucionales y legales, los magistrados podrán emitir todas las órdenes necesarias durante el proceso judicial para identificar, impulsar, estructurar, imponer y ejecutar las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación. El componente restaurativo y el componente de restricción de derechos y libertades son elementos innovadores que responden a la Justicia Transicional, Restaurativa que aplica la JEP. En este sentido, corresponde al Gobierno Nacional adecuar su oferta de planes, programas y proyectos para garantizar las condiciones necesarias para la implementación efectiva de las sanciones propias y medidas de contribución a la reparación.