La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) respalda la labor de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, y demanda su continuidad para acompañar los procesos que se adelantan en el país.
Bogotá, D.C., 18 de julio de 2025 – (@UAcuerdoPaz). La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz reconoce, valora y respalda la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, como garante, apoyo y aliado estratégico en el esfuerzo de alcanzar la paz del país con priorización de las poblaciones más vulnerables y afectadas por la violencia en el territorio nacional.
“Recordemos que el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC fue, es y será la columna vertebral de los cambios fundamentales que Colombia tiene que hacer para que progresivamente recuperemos un país que se merece la paz; en este propósito la Misión de verificación de la ONU ha sido fundamental”. Expresó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
“Por ello, manifestamos al secretario de Estado, Marco Rubio, al gobierno de los Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU, que valoramos su presencia y respaldamos enfáticamente la labor de la Misión de Verificación Colombia, con la cual hemos venimos fortaleciendo, con la Jurisdicción Especial para la Paz, diversos procesos que nos permiten avanzar en los retos que tenemos por un mejor país. Siempre hemos demandado que la Política de Paz Total integre el cumplimiento del Acuerdo con los nuevos que se generen, para lo cual la Misión de Verificación es necesaria a fin de seguir generando confianza con las comunidades y en esa transición hacia la paz”. Agregó la directora de la UIAP.
En consecuencia, nos permitimos aclarar que:
No es cierto que no haya avances en la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni en la destinación de recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz. Por el contrario, el Gobierno Nacional ha adoptado medidas concretas para fortalecer estos procesos, en coherencia con los principios y compromisos derivados del Acuerdo.
Con la llegada del presidente Gustavo Petro se han fortalecido las acciones, programas, instancias, iniciativas y recursos que garanticen la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual se ha evidenciado en resultados concretos en temas estructurales, tanto en materia de inversión pública como en la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este avance ha permitido consolidar una visión de justicia restaurativa y fortalecer la garantía de derechos para las víctimas del conflicto armado. Entre los principales logros se destacan los siguientes:
- Destinación de recursos para la paz
- Tierras
Se reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Reforma Rural Integral, que articula ocho subsistemas estratégicos orientados por los planes de acción de los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, además se crearon 471 comités municipales de Reforma Agraria y 14 de carácter departamental.
Se aprobó una nueva Jurisdicción Agraria y Rural mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, con la cual se busca saldar la deuda histórica del Estado con la ruralidad colombiana y, garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias. Además, se ha impulsado de manera acelerada el acceso y formalización de la tierra con prioridad en la titulación de áreas rurales gestionando la adquisición de 599.730 hectáreas(ha) para proveer al Fondo de tierras. De estas se ha redistribuido un total de 224.412 ha mediante la entrega definitiva de 74.578 ha y provisional de 149.835 ha.
Durante este gobierno se han formalizado 1.706.749,3 ha de propiedad de pequeños y medianos productores rurales. De éstas, 408.432,3 ha beneficiaron a comunidades campesinas y 1.298.317 a población étnica. Con relación a la compra de tierras para familias campesinas, comunidades étnicas y firmantes del Acuerdo de Paz los resultados de lo corrido del gobierno Petro, en comparación con los periodos de gobiernos anteriores son los siguientes:
Población – componente | Gobierno Petro | Gobierno Duque | Gobierno Santos |
Étnico | 98.395 ha | 14.455 ha | 9.945 ha |
Campesinos | 278.855 ha | 1.020 ha | 8.685 ha |
Personas en reincorporación | 15.692 ha | 606 ha | 71 ha |
- Seguridad y protección
Se activó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) incluyendo la reglamentación de su instancia de alto nivel; se adoptó la política pública de desmantelamiento de estructuras armadas ilegales y redes criminales, con planes de acción para las subregiones de Magdalena Medio-Sur de Bolívar y Norte del Cauca; se logró peo primera vez de manera concertada con la población firmante del Acuerdo de Paz el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), así como Programa de Protección Integral (PPI), recientemente expidió mediante el Decreto 0638 del 10 de junio del 2025.
- Reincorporación
Se creó y puso en marcha el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) y el Programa de Reincorporación Integral (PRI). Actualmente 11.123 firmantes de paz se encuentran en el Programa de Reincorporación Integral (PRI), es decir, el 84.2% de la población objeto del PRI.
$13.239 millones han sido desembolsados para proyectos productivos de firmantes del Acuerdo en 32 departamentos. De otra parte, se ha puesto a disposición un total de 16.879 ha distribuidas en 91 predios para el proceso de reincorporación, de estas, 16.091 han sido adquiridas durante el actual período de Gobierno.
- Catastro multipropósito
Se ha logrado una actualización del 27,4% del catastro multipropósito del país, comparado con un 9,4% registrado en el gobierno anterior.
- Víctimas
Para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado y una justicia transicional idónea se ha garantizado el mayor número de indemnizaciones en lo que va del periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro: 498.933, comparado con 395.244 entre los años 2018 y 2022; 429.780 en el segundo periodo del mandato del expresidente Santos y 426.045 del gobierno del expresidente Iván Duque.
- Otros avances
La inversión proyectada del presupuesto general en este gobierno ha sido histórica, tan solo en sus primeros 2 años ha equivalido a la de los cuatro años del gobierno anterior. Mientras que entre el 2019 y el 2022 se asignaron $25.11 billones para el 2023, y $25 billones para el 2024.
A esto se suma que, con la llegada del presidente Gustavo Petro se han generado transformaciones territoriales para mejorar las condiciones de vida de las familias colombianas; la pobreza multidimensional pasó del 12,9% en el 2022, a 11,5% en el 2024, lo que ha permitido sacar a 1.6 millones de personas de la pobreza monetaria y a 1.1 millones de personas de la pobreza extrema.
Se redujo el coeficiente de Gini, pasando de un 0.556 en el 2022 a 0.546 en el 2023, lo que significa una distribución más igualitaria de los ingresos o la riqueza.
La inflación general también disminuyó, de 13.12% en el 2022 pasó a un 5.2% al cierre de 2024, manteniendo la tendencia a la baja en lo corrido del 2025 con un 5,05%. Con relación al desempleo, en el 2022 la tasa de desocupación era del 10,3%, en el 2024 bajó al 9.1% y a 31 de mayo del 2025 se encontraba en 8.8%, es decir la desocupación más baja en 20 años.
El Gobierno del Cambio sabe que esto aún no es suficiente para lograr las transformaciones que requiere el pueblo colombiano en aras de alcanzar la paz con justicia social. Por ello, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz trabaja día a día por avanzar de forma integral y sostenida a través de la articulación interinstitucional y la coordinación de las múltiples políticas, programas y proyectos derivados de los compromisos del Estado colombiano con la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. La construcción de paz es un objetivo indeclinable de este gobierno y una brújula para el país.
Adicionalmente, por primera vez desde la firma del Acuerdo de Paz se realizó una rigurosa revisión y actualización del Plan Marco de Implementación, con la creación de 77 nuevos indicadores y el ajuste de 123, instrumento que materializa, orienta y hace seguimiento el cumplimiento de los compromisos plasmado en el Acuerdo para su efectiva materialización.
- Fortalecimiento de la Jurisdicción especial para la paz (JEP)
Se firmó un memorando de entendimiento entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de impulsar la garantía de recursos para la implementación de las primeras sanciones propias del Tribunal para la Paz.
Adicionalmente, se ha trabajado de manera coordinada con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la priorización de planes de inversión orientados a garantizar la oferta institucional requerida para la ejecución de dichas sanciones. A corte de marzo del presente año, se identificaron 214 proyectos con potencial restaurativo, distribuidos en múltiples sectores estratégicos, incluyendo medio ambiente, infraestructura social, desarrollo rural y fortalecimiento comunitario.
Como parte del fortalecimiento de la articulación interinstitucional se destaca también la firma del Acuerdo 002 de 2025 por parte de la Instancia de Articulación Gobierno–JEP, cuyo objetivo es definir los principios, objetivos y mecanismos de coordinación entre ambas partes para facilitar la planeación, ejecución y seguimiento de las sanciones propias y otras medidas restaurativas. Este instrumento ha permitido establecer una hoja de ruta conjunta que reconoce las competencias de cada entidad, armoniza sus tiempos y metodologías, y promueve un enfoque territorial y participativo.
En paralelo, se implementó el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) como hoja de ruta institucional para la búsqueda de personas desaparecidas y se formuló la Política Pública Integral (PPI) sobre desaparición. Así mismo, se han venido desarrollando procesos de articulación entre el Gobierno nacional, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el propósito de dotar de condiciones y garantías adecuadas la ejecución de las sanciones propias y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR).
Finalmente, invitamos a todos los sectores de la sociedad a no desinformar a la opinión pública, y a sumar esfuerzos alrededor de un pacto político nacional para impulsar la Implementación del Acuerdo Final de Paz reconociéndolo como un acuerdo de Estado.