UNIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ

¡Paz con dignidad!

El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Extintas FARC-EP es ejemplo para el mundo, un motivo de orgullo que merece ser defendido y dignifica al pueblo colombiano.

Bogotá, D.C., 21 de julio de 2025 – (@UAcuerdoPaz). El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por el Estado colombiano con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), tuvo como objetivo poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en el país.

Como resultado de un proceso de diálogos que inició en el 2012 y duró cuatro años hasta la firma del Acuerdo, según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), más de 14.000 personas, entre hombres y mujeres firmaron la paz con la convicción de dejar las armas y aportar a la sociedad desde un proceso de reincorporación a la vida civil, comunitaria, social, política y económica. De ellas, desde la firma a la fecha, han sido asesinadas 474 personas, y 11.123 se encuentran en el Programa de Reincorporación Integral.

Este Acuerdo que, en seis puntos establece medidas para abordar las causas estructurales del conflicto: Reforma Rural Integral (RRI), participación política, fin del conflicto, sustitución de cultivos de uso ilícito, centralidad de las víctimas, e implementación, verificación y refrendación, es referente internacional, entre otros aspectos, por incluir los enfoques de género y étnico, fundamentados en los principios de universalidad, igualdad y progresividad, reconociendo las diversas identidades y realidades de las personas en materia de género, edad, religión, etnia y orientación sexual.

También garantiza la participación política de los(as) excombatientes; la creación de un partido político inicialmente llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hoy conocido como Comunes, y el apoyo a las demás expresiones que surjan. Cuenta demás con un enfoque integral y transformador que no se limitó al desarme de la guerrilla o al cese del conflicto armado, sino a atacar las raíces del conflicto social y político que lo originaron, principalmente la desigualdad rural, la exclusión política, el narcotráfico y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Adicionalmente, creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición más completo del mundo, que incluye a la Comisión de la Verdad, que documentó testimonios de más de 30 mil víctimas; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que imparte justicia restaurativa centrada en la verdad y la reparación más que en los castigos punitivos y, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada para dar respuesta a una de las heridas más profundas del conflicto armado en Colombia: la desaparición forzada de miles de personas.

Asimismo, reconoce la igualdad de derechos entre hombres, mujeres y población LGBTIQ+, los impactos diferenciados y desproporcionados del conflicto y su condición como sujetos de especial protección, consolidándose como el primer tratado en el mundo que incluye un capítulo transversal de género e incorpora activamente a mujeres y personas LGBTIQ+ en todas las fases del proceso.

Por otra parte, incluye un capítulo étnico que garantiza el reconocimiento de los impactos diferenciados del conflicto en los pueblos étnicos, respetando sus derechos, culturas, territorios e instituciones.

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