El homicidio del senador y líder opositor Miguel Uribe Turbay constituye un hecho de la mayor gravedad para la democracia colombiana, al atentar contra el principio esencial del Acuerdo Final de Paz de garantizar el ejercicio libre y seguro de la política, en especial de la oposición. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) ha venido fortaleciendo la articulación interinstitucional para enfrentar las amenazas que persisten contra liderazgos políticos y sociales.
Bogotá, D.C.; 14 de agosto de 2025. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se dirige a la ciudadanía para reafirmar su compromiso con la seguridad humana y el fortalecimiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que hace parte de la arquitectura institucional diseñada en el Acuerdo de Paz para proteger el ejercicio político en Colombia, cuyo objetivo principal es fomentar una cultura de convivencia y tolerancia que dignifique la política previniendo cualquier forma de estigmatización y persecución como garantía de no repetición.
“Toda muerte a causa de las violencias y el conflicto social y armado en nuestro país es grave. Los asesinatos a la oposición política, a líderes sociales, a los firmantes de paz y a cualquier persona deben repudiarse por toda la sociedad colombiana. Hacemos un llamado el respeto por la vida y la dignidad humana, a no estigmatizar a quienes firmaron el Acuerdo de Paz y, a respetar al presidente Gustavo Petro, quien en su gobierno siempre ha ordenado respetar la vida, nunca ha ordenado asesinar”, expresó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos logrado avances significativos para activar y fortalecer cada una de las instancias y programas de protección que conforman el SISEP, los cuales permanecieron inactivos durante los últimos dos gobiernos que le precedieron.
Logramos reactivar el funcionamiento de la Instancia de Alto Nivel (IAN) del SISEP aprobando su propio reglamento y sesionando de manera ordinaria y extraordinaria para coordinar la respuesta interinstitucional. También la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que es el órgano rector de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales y, ha sido reactivada y adoptada la Política Pública de Desmantelamiento, mediante el Decreto 0665 de 2024, convirtiéndose en el primer instrumento de política criminal sectorial vinculado directamente al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como su Plan de Acción Permanente.
De igual manera, se concertó, adoptó (mediante la Resolución Conjunta 0096 del 16 de febrero de 2024) e implementó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), un logro fundamental desde un enfoque de seguridad humana, el cual ha sido adoptado para su implementación en los municipios de Tumaco, Pitalito e Icononzo, así como en el departamento Córdoba; actualmente se encuentran en revisión jurídica de los actos administrativos para su adopción en los municipios de Dolores (Tolima), Calamar (Guaviare), Ibagué (Tolima), Tame y Arauquita (Arauca), y en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Nariño. Actualmente Este plan ha permitido crear y poner en marcha 24 Rutas de respuesta inmediata para la seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz, salvando la vida de más de 100 personas entre firmantes y sus familias en zonas de riesgo.
Además, se reglamentó el Programa de Protección Integral (PPI) mediante el Decreto 0638 del 10 de junio de 2025, un hito importante para proteger a los integrantes del nuevo partido político de las FARC-EP y a los firmantes en reincorporación y sus familias. Este decreto es resultado de un ejercicio participativo y articula medidas de prevención y protección con un enfoque de seguridad humana.
Refuerzo en la lucha contra la impunidad
Reconocemos el profundo dolor causado por la violencia contra los firmantes de paz y sus familias. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 11 de julio de 2025 se registraron 124 homicidios de firmantes, 38 tentativas de homicidio y 25 desapariciones forzadas. A pesar de estas cifras nuestro gobierno ha demostrado un compromiso reforzado en la lucha contra la impunidad y la protección de la vida.
Los datos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación muestran un notable aumento en la capacidad de judicialización durante la administración actual:
Firmantes de paz y sus familiares: de 309 capturas realizadas desde 2019, 121 (aproximadamente 39.16%) ocurrieron bajo el gobierno actual. Más aún, de 56 imputaciones de cargos desde 2019, 47 (aproximadamente 83.9%) se llevaron a cabo en este periodo.
Defensores de Derechos Humanos: el 53.9% de las capturas (351 de 651) desde 2019 se materializaron durante esta administración. Adicionalmente, 109 de las 120 imputaciones de cargos (aproximadamente el 90.8%) ocurrieron en este periodo.
Estos datos reflejan una ofensiva judicial y operacional sin precedentes contra los responsables de la violencia, marcando un compromiso claro por la paz y la justicia.
El SISEP frente a las crisis de seguridad: el Caso Catatumbo
El SISEP ha demostrado ser una herramienta fundamental para enfrentar las crisis de seguridad, como la ocurrida en el Catatumbo entre enero y febrero de 2025. A pesar de los seis homicidios y nueve desapariciones forzadas de firmantes, así como 177 casos de desplazamiento forzado y 26 personas confinadas, la Instancia de Alto Nivel del SISEP actuó de manera extraordinaria el 12 de febrero de 2025 para coordinar una respuesta institucional.
Gracias a esta articulación se logró salvar la vida de más de cien personas, incluyendo firmantes de paz y sus familias de zonas de riesgo, con el apoyo del Ministerio de Defensa. El Ejército y la Policía Nacional reforzaron los mecanismos de seguridad en los albergues y cascos urbanos.
Retos y el camino a seguir
El SISEP es más que un conjunto de normas; es una visión de seguridad humana que pone a las personas en el centro. Estamos comprometidos a superar los desafíos que este tema representa, a fortalecer la articulación interinstitucional y a impulsar estrategias contra el crimen que atenta contra el ejercicio de la política y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Estamos decididos a consolidar la paz en los territorios y asegurar que el ejercicio de la política sea libre y seguro para todos, sin estigmatizaciones ni más pérdidas de vidas.
Los desafíos para la seguridad política en Colombia son de carácter estructural. Requieren acciones que aborden desde la transformación de la cultura política, hasta la solución de los factores que alimentan la violencia o facilitan sus ciclos, como los conflictos por la tierra, el narcotráfico, las economías ilícitas y otras conflictividades rurales y urbanas, con el fin de eliminar del ambiente los carburantes del conflicto y abrir paso a una participación política libre de amenazas y violencias. Esta no es una labor que pueda asumir un solo gobierno; es una demanda social de largo aliento, un compromiso político sostenido y, fundamentalmente, el cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz que permita cumplir lo pactado entre los diferentes partidos y sectores de la vida política nacional.
En este contexto, el homicidio del senador y líder opositor Miguel Uribe Turbay constituye un hecho de la mayor gravedad para la democracia colombiana, al atentar contra el principio esencial del Acuerdo Final de Paz de garantizar el ejercicio libre y seguro de la política, en especial de la oposición. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) ha venido fortaleciendo la articulación interinstitucional para enfrentar las amenazas que persisten contra liderazgos políticos y sociales.
No obstante, estos retos son también el resultado de más de seis años de débil cumplimiento de los compromisos del Acuerdo antes del actual gobierno, lo que dejó rezagos en la capacidad estatal para prevenir, proteger y sancionar de manera oportuna.
Para contrarrestar la cultura de la violencia en la política vale recordar que, desde otra arista, junto con el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación se viene trabajando en la consolidación del Pacto Político Nacional por la no estigmatización y la no agresión, previsto en el punto 3.4.2 del Acuerdo Final para la Paz, el cual se ha venido socializando y construyendo con organizaciones sociales, partidos, movimientos políticos y diferentes sectores, lo que constituye una medida estructural de no repetición orientada a erradicar de manera definitiva el uso de las armas y la violencia en la competencia política. Este instrumento busca consolidar una cultura democrática fundada en el respeto a la diferencia, la reconciliación y la convivencia pacífica, dando cumplimiento a una deuda histórica del Estado colombiano frente a quienes, a lo largo de décadas, han sido perseguidos, silenciados o victimizados por el ejercicio legítimo de sus ideas políticas.
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz mantiene íntegro su compromiso por continuar su trabajo por el cuidado y la protección de la vida y la integridad de las personas de la oposición, los firmantes del Acuerdo de paz y los liderazgos sociales.
