Bogotá, D.C.; 02 de septiembre de 2025. Paz y seguridad humana, víctimas, Reforma Rural Integral (RRI) y sustitución de cultivos ilícitos, fueron los tres bloques temáticos en los cuales se centró la atención de la reunión de alto nivel convocada por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); un espacio de diálogo con las entidades implementadoras para hacer un balance de los avances del cumplimiento del Acuerdo de Paz, articular y fortalecer las apuestas para el último año de gobierno, y preparar de manera conjunta los contenidos del informe que será presentado en el marco de los actos conmemorativos del noveno aniversario del Acuerdo. Reincorporación y recursos fueron los temas transversales de análisis.
Durante su instalación, Letty Leal, subdirectora general del DAPRE resaltó el mensaje de su directora Angie Lizeth Rodríguez, respecto a acelerar y profundizar las acciones de la implementación en el periodo que resta del Gobierno del Cambio, atendiendo a una visión integral del mismo y apostándole a la contundencia e irreversibilidad de dichas acciones. Al tiempo, instó a las entidades a avanzar en los reportes y sistematización de los sistemas de información que permita evidenciar los avances y desafíos que persisten.
Paz y Seguridad Humana
Pese a la complejidad del tema y el recrudecimiento de la violencia, de manera especial en siete departamentos del país, entre otros, Valle, Cauca, Guaviare, Chocó y Norte de Santander, durante el Gobierno del Cambio se evidencian avances significativos reconociendo, por ejemplo, la activación de instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), la concertación, aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y la reglamentación del Programa de Protección Integral, deudas que tenía el Acuerdo tras nueve años de su implementación y que han sido logrados en el mandato del presidente Gustavo Petro.
Así mismo, se logró la política pública de desmantelamiento de estructuras criminales, que cuenta con piloto en las regiones priorizadas del norte del Cauca y Magdalena Medio, representando un hecho relevante, sin embargo, su estado de implementación aún es débil, máxime cuando persisten amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas y firmantes de paz.
Los mayores retos están puestos en las garantías de seguridad para el proceso electoral y la asignación de recursos que permita cumplir en todos los frentes el Acuerdo de Paz para fortalecer la seguridad en los territorios.
En términos de participación política se establece la necesidad de robustecer las acciones y estrategias que garanticen su cumplimiento. Hasta el momento y desde 2016 se tramitaron varios proyectos de reforma sore la materia, pero no con base en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, mecanismo del Acuerdo para la orientación de dichas reformas.
Por su parte el Pacto Político Nacional para la convivencia pacífica y la reconciliación de los colombianos avanza tras consulta con diversos sectores incluidos, entre otros, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos de todas las corrientes, además del establecimiento de seis fases que inician con el diagnóstico y alistamiento, y terminarán con su implementación, monitoreo y seguimiento.
Víctimas
Las víctimas siempre han estado en el centro del Acuerdo de Paz, sin embargo, después de casi nueve años, este principio aún requiere de mayores esfuerzos para su materialización. La Ley 2421 de 2024 introdujo avances en la política de víctimas y su articulación con la Reforma Rural Integral, pero la coincidencia entre iniciativas de retorno, reubicación y PDET sigue siendo poca.
En materia de justicia transicional, la Instancia Gobierno-JEP aprobó el Acuerdo 002 de 2025, sobre el Reglamento y la Ruta de Coordinación Interinstitucional, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) actualizó y entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz 214 proyectos con potencial restaurativo. Aun así, falta expedir el decreto sobre condiciones transversales y se hace necesaria más pedagogía social que explique a las comunidades qué significan realmente las sanciones propias.
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado hitos como 1.239 cuerpos recuperados, 162 entregas dignas y 141 personas localizadas con vida. También se han consolidado redes de apoyo con enfoque de género y diversidad. Pero la institución enfrenta un déficit de
9.000 millones de pesos que, sumado a un desbalance global de $11.017 millones y serias dificultades de acceso a territorios dominados por grupos armados, limita la búsqueda humanitaria.
En cuanto al legado de la Comisión de la Verdad se elaboró un primer informe de seguimiento a sus recomendaciones y se han hecho esfuerzos pedagógicos. No obstante, se requiere mayor rigurosidad y celeridad por parte de algunas entidades. La falta de información completa sigue siendo un obstáculo para que estas recomendaciones se conviertan en acciones efectivas.
Finalmente, en el componente de reparación integral, se avanzó en medidas como la Estrategia RENACE para mujeres víctimas de violencia sexual y el Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial. A pesar de ello, los planes de retorno y de reparación colectiva continúan rezagados considerándose uno de los puntos más débiles del balance.
“El reto inmediato es asegurar que las sanciones propias de la JEP cuenten con recursos suficientes en el presupuesto de 2026. No se puede fallar en esta innovación que el mundo observa con expectativa”, afirmó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Reforma Rural integral y Sustitución de Cultivos de uso Ilícito
En este tema se destacó la visión colectiva con miras al año 2031, el trabajo institucional en la implementación del Acuerdo de Paz y logros concretos como la gestión 647.749 hectáreas para el Fondo de Tierras y la formalización de 1,73 millones de hectáreas. Además, ya existen 450 comités municipales y 14 departamentales de reforma agraria.
Se expidieron normas que permiten crear Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, lo que brinda seguridad jurídica a miles de familias campesinas que impulsan el desarrollo rural sostenible.
El Sistema Nacional de Reforma Agraria ha definido apuestas diferenciadas: Distritos Agrarios en el Caribe y Magdalena Medio, corredores de estabilización en la Amazonía y territorios interculturales en el Pacífico. Estas apuestas integran redistribución de tierras, formalización, protección ambiental y desarrollo productivo.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) entró en una nueva fase con la Resolución 021 de 2024, que incorporó renegociación de proyectos, inclusión de líneas no agropecuarias y un Banco de Proveedores Locales. Se han firmado más de 56.000 planes de inversión, aunque solo el 1,5% de las familias ha recibido la atención completa.
Por su parte la política de drogas 2023–2033 plantea un giro hacia la protección ambiental, la corresponsabilidad internacional y el tratamiento diferenciado de poblaciones vulnerables, con la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026 mediante conservación y restauración.
Dentro de las entidades asistentes estuvieron los Ministerios de Interior, Agricultura, Salud, Defensa; la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación que en simultanea reportaba los avances y retrasos en la presentación de reportes por parte de las entidades frente al Plan Nacional de Desarrollo, y el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) en desarrollo del Plan Marco de Implementación. También estuvieron la Consejería de Derechos Humanos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia de Renovación del Territorio, el Departamento
Administrativo de la Presidencia, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entre otras.