Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025. El pasado 24 de noviembre se cumplieron nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz y con ellos se registra un acumulado de lecciones aprendidas, avances y desafíos para el cumplimiento de lo pactado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP.
Con una agenda de actos conmemorativos que ha incluido conversatorios, foros, diálogos, exposiciones y el desarrollo de la quinta Cumbre de Instancias, entre otros eventos, firmantes del Acuerdo, delegados de diversas entidades del Gobierno nacional, líderes y lideresas, víctimas del conflicto, comunidad internacional y ciudadanía han participado en cada espacio para hacer un balance de los resultados de la implementación.
En el acto central de este miércoles, presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el mandatario refirió que: “La Paz tiene que ver con que es importante que el territorio excluido en Colombia se conecte con el mundo para asegurar su progreso”. Además, reflexionó sobre las causas que han alimentado la violencia en Colombia, entre otras, la desigualdad, la concentración de la tierra y la centralización del poder. También hizo un firme llamado: “la Reforma Agraria es el camino para construir una paz verdadera y duradera en el país”.
Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas reafirmó el compromiso del gobierno nacional con la implementación y resaltó el valor de los firmantes de paz. “Honramos el valor de la población firmante del Acuerdo de Paz por su compromiso ético y resiliente. Sabemos que desde la firma del Acuerdo hemos perdido la vida de 483 firmantes, así como la de más de 1300 líderes y lideresas, sin embargo, también contamos con más de 7,000 niños y niñas nacidos en este tiempo, ellos y ellas son hijos e hijas de la paz”
Cuartas también presentó el informe de balance de la implementación, documento que recoge los logros, avances y retos, así como los aprendizajes, en especial durante el Gobierno del Cambio, y expone las recomendaciones para propender por el cumplimiento del Acuerdo mediante una visión integral que reconoce la diversidad de los territorios y sus poblaciones, y un pensamiento geográfico de la paz que propone entender el espacio como un proceso geohistórico en permanente construcción, donde las comunidades no son receptoras pasivas de políticas, sino protagonistas de la transformación.
Cada apartado del informe presenta una lectura integral de los avances, debilidades y retos que caracterizan el proceso de implementación en estos nueve años, destacando los progresos en seguridad, justicia, Reforma Rural y participación, pero también las tensiones estructurales que aún limitan la plena materialización del Acuerdo en los territorios.
Avances y logros nacionales
Durante el Gobierno del Cambio la implementación del Acuerdo de paz ha sido comprendida e implementada como una condición estructural del desarrollo; la seguridad humana se incorpora en el gobierno de la vida como base infranqueable para la NO Repetición. La política de Paz Total, en la que se encuentra enmarcada la implementación integral del Acuerdo de Paz, no solo retoma estos compromisos, sino que los profundiza y amplía, consolidando la seguridad humana como base de un modelo de convivencia estable y duradera sustentado en la justicia social, la equidad territorial y el respeto por la vida.
Durante los dos primeros años del Gobierno del Cambio se ejecutó en la implementación casi la misma inversión ($25 billones) que en los cuatro años del periodo anterior ($25,11 billones entre el 2019 y el 2022), y se redujo la tasa de homicidios pasando de 26,2 a 24,6 por cada 100.000 habitantes. Para el periodo de 2022 a 2024 se pasó de 116 casos de asesinato a defensores(as) de Derechos Humanos a 89; de 92 masacres a 72 y de 62 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz a 61 casos para este mismo periodo.
La pobreza multidimensional también se redujo pasando del 12,9% (2022) a 11,5% (2024). En términos de distribución del ingreso, el coeficiente de Gini que alcanzó su punto más alto en 2021 con 0,563, muestra una tendencia a la baja llegando a 0,551 en 2024.
El desplazamiento forzado también muestra una reducción significativa pasando de 305.000 casos en el año 2022 a 207.000 en el 2024. En materia de adecuaciones normativas para la paz, desde la firma del Acuerdo se han expedido 403 normas (2016 y 2025), incluyendo leyes, decretos, resoluciones, directivas e instrumentos de política pública y económica, 124 de ellas durante el presente gobierno.
Adicionalmente, se emitieron las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra antiguos comandantes de las FARC-EP y miembros de la Fuerza Pública; se promulgó la Ley 2364 de 2024, conocida como Ley de Mujeres Buscadoras, que las reconoce como sujetas políticas de transformación.
De 403 normas expedidas entre 2016 y 2025 (entre leyes, decretos, resoluciones, directivas e instrumentos de política pública y económica), 124 fueron expedidas en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La adecuación institucional y normativa permite establecer las bases para cumplir lo pactado de manera integral.
Con una asignación de $50.4 billones para el cuatrienio del Gobierno del Cambio destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, se han ejecutado más recursos que en los cuatro años del periodo anterior.
Gobierno del Cambio: $25 billones (2023-2024)
Periodo anterior: $25,11 billones (2019-2022)
Reforma Rural Integral
Más de 1,8 millones de hectáreas se han formalizo; cerca de 700.000 hectáreas se han incorporadas al Fondo de Tierras; se han constituido 14 nuevos resguardos indígenas y con nueve sentencias judiciales se han restituido más de 621.000 hectáreas a comunidades étnicas.
En cuanto al catastro multipropósito el 27,4% del territorio nacional cuenta con información actualizada (31,2 millones de hectáreas en 217 municipios; 47 municipios PDET (9,9 millones de hectáreas). A finales de 2025 el país alcanzará una cobertura del 45% del territorio nacional con actualización de información catastral. Adicionalmente.
Por otra parte, de las 23 Zonas de Reserva Campesina actuales, 16 se constituyeron en el Gobierno del Cambio (69,5%), y se reconoce el primer Territorio Campesino Agroalimentario de la Historia: “Nuevo Amanece”.
Sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito 76.790 familias han contado con asistencia alimentaria inmediata ($893.661 millones); 66.178 con autosostenimiento y seguridad alimentaria a través de proyectos como huertas caseras y 77.464 familias con asistencia técnica integral para fortalecer sus capacidades productivas, asociativas y comerciales.
Con el Programa RENHACEMOS, estrategia asociativa, sostenible y con vocación agroindustrial que surge como complemento al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) se han cubierto 22.473 hectáreas beneficiando a 14.640 familias.
Reincorporación
A la fecha 11.186 firmantes de paz se encuentran activos en la ruta de reincorporación integral (89% de la población acreditada). Para ellos se han comprado 18.208.986 hectáreas de tierra distribuidas en 62 predios. También se han destinado $390 millones para atención especializada en salud y rehabilitación visual de firmantes con discapacidad (contrato suscrito con la Clínica Barraquer) y, $13.239 millones se han invertido en proyectos productivos en 32 departamentos y se impulso, aprobó y puso en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación (Decreto 846 del 4 de julio de 2024).
Participación Política
En alianza con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz garantizó herramientas de formación para el ejercicio de veeduría y control social de líderes y lideresas, para el seguimiento a los recursos de la paz en los territorios a través del diplomado Cuidar lo Público para Alcanzar la Paz
- 60 horas de formación
- 196 líderes y lideresas de Nariño, Chocó, Arauca y Catatumbo
- Mujeres – 58%
- Personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras – 53%
- 31 municipios, de ellos 20 son PDET
Seguridad y garantías para el derecho a la vida
Con la Implementación del Acuerdo de Paz y las políticas del Gobierno del Cambio se avanza significativamente en materia de seguridad y garantías para el derecho a la vida transformamos realidades con hechos concretos. Se activaron las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y se adoptó la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (Decreto 0665 de 2024).
- Reglamentación del Programa de Protección Integral (Decreto 0638 del 10 de junio del 2025).
- Concertación, aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP).
- 24 rutas de respuesta inmediata para la seguridad de personas en proceso de reincorporación y sus familias en 27 departamentos.
Y se ha garantizado una arquitectura institucional y operativa más robusta para la seguridad de líderes, lideresas, firmantes de paz y defensores de DD.HH., con un esquema de gobernanza funcional dentro del SISEP.
Verdad, Justicia y Reparación
Como uno de los hitos de la implementación en este 2025 se emitieron las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra antiguos comandantes de las FARC-EP y miembros de la Fuerza Pública. Como garantía para su cumplimiento, el gobierno del Cambio habilita las condiciones materiales, de seguridad y presupuestales para que se puedan desarrollar en dignidad y con enfoque reparador
Así mismo, 104 recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron priorizadas a las que se asocian 182 indicadores de cumplimiento; se creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y fue promulgada la “Ley de mujeres buscadoras” (Ley 2364 de 2023) reconociendo su labor y la responsabilidad del Estado en la búsqueda.
Víctimas
En el ámbito de la reparación individual el Gobierno del Cambio en sólo tres años, con corte al 30 de septiembre ha indemnizado a 490.472 personas a través de 547.024 indemnizaciones y una inversión de 4,8 billones ($4.892.167.970.649). Con ello, este Gobierno ya ha superado todos los logros de anteriores periodos presidenciales tanto en cantidad de personas como en número de indemnizaciones y presupuesto invertido en ello. Gracias a este logro histórico, este Gobierno ya ha avanzado en el cumplimento del 81.75% de la meta de 600.000 personas indemnizadas administrativamente durante el cuatrienio.
Enfoques
142.508,35 hectáreas de tierra formalizadas a 19.788 mujeres como propietarias o copropietarias; 6.045,45 hectáreas de tierra entregadas a 858 mujeres; 90% de las instancias de participación del PNIS cuentan con liderazgo de mujeres y, por primera vez el Gobierno nacional financia la Instancia Especial de Mujeres con $1.892 millones de agosto de 2024 a noviembre de 2025.
La transversalización del enfoque diferencial en la implementación reconoce que el conflicto armado afectó de manera desigual a diversos grupos poblacionales como mujeres, pueblos étnicos, comunidades LGTBIQ+, personas con discapacidad, jóvenes y campesinos.
Con relación al enfoque étnico a la fecha hay 14 nuevos resguardos indígenas que abarcan 27.721 hectáreas y siete fueron ampliados sumando 25.781 hectáreas; 71 predios fueron adquiridos para comunidades étnicas (9.505 hectáreas). Se expidió el Decreto 0462 de 2025 que reglamenta la implementación del catastro en 64 territorios indígenas y se expidieron 49 sentencias étnicas de restitución de tierras (35 para comunidades indígenas y 14 para comunidades negras).
Se ha fortalecido el marco de articulación y seguimiento riguroso de este enfoque tanto en el Plan Marco de Implementación (PMI) como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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