La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz hace un llamado urgente al Congreso de la República para avanzar y aprobar la jurisdicción agraria, crucial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz y su punto uno.
Bogotá D.C.; 2 de diciembre de 2025. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en adelante UIAP, en concordancia con su mandato de seguimiento e impulso para el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz hace un llamado de urgencia al Congreso de la República, sobre la necesidad de avanzar en la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 183 de 2024 “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, la cual ya fue aprobada por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara en diciembre de 2024 y ahora deberá continuar su trámite en las plenarias del Congreso para que se convierta en Ley de la República. Asimismo, la UIAP pone a disposición sus equipos técnicos de trabajo para coadyuvar en el avance de este importante componente de la Reforma Rural Integral.
Lo anterior, considerando que la Jurisdicción Agraria constituye una de las herramientas más importantes para garantizar la transformación estructural del campo colombiano y la resolución técnica, especializada y oportuna de los conflictos rurales. Su creación responde a un mandato constitucional y a compromisos expresos del Acuerdo Final de Paz, particularmente en el marco de la Reforma Rural Integral, cuyo propósito es cerrar brechas históricas de desigualdad y generar condiciones reales de paz territorial, a partir del análisis de las desigualdades estructurales en el campo para llevar justicia social y promover la función social y ecológica de la propiedad, así como un reforzamiento de la seguridad jurídica, ya que en los casos que evidencien controversia se contará con un pronunciamiento judicial que conducirá a precisar los derechos sobre la tierra y a fortalecer la presencia institucional.
Adicionalmente, constituye la respuesta a una demanda histórica de las comunidades rurales que permitirá atender las controversias y conflictividades en torno al uso y disposición de la tierra y los territorios, a través de juzgados y salas de tribunales exclusivos y especializados en temas agrarios, lo que promoverá un entorno garantista para la resolución de conflictos y evitará el escalamiento de estos, reconociendo la especial protección constitucional que ostentan el campesinado y los pueblos étnicos del país y las particularidades de los territorios rurales.
A pesar de su trascendencia, la ausencia de una reglamentación completa ha impedido que esta jurisdicción pueda operar plenamente. Esta demora mantiene al país sin un mecanismo judicial especializado para dirimir disputas agrarias que exigen conocimientos técnicos y profundos de la realidad rural. Asimismo, dificulta el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final, pues limita la capacidad en la resolución de problemáticas que afectan al campesinado y poblaciones rurales que esperan respuestas claras y definitivas del Estado. A su vez, este retraso sigue recargando a la justicia ordinaria con asuntos que requieren especialidad, afectando el principio del juez natural y la eficacia de las decisiones judiciales en el ámbito agrario.
Por estas razones, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz exhorta respetuosamente al Congreso de la República a dar trámite prioritario a la discusión, construcción concertada y aprobación del proyecto de ley que regula la Jurisdicción Agraria, ya que su puesta en funcionamiento permitirá:
- Garantizar jueces y procedimientos especializados, acordes con las necesidades del territorio.
- Reducir los tiempos de resolución de conflictos rurales y mejorar la seguridad jurídica.
- Fortalecer la implementación de la Reforma Rural Integral.
- Adelantar políticas de tierra con mayor eficacia, transparencia y enfoque territorial.
- Cumplir los compromisos del Estado colombiano derivados del Acuerdo Final.
- Consolidar las bases para una paz estable y duradera en las zonas rurales.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos, a las bancadas de gobierno y de oposición, para que con responsabilidad histórica y sentido de urgencia avancen en la discusión del proyecto de ley, tarea que no puede seguir aplazándose. Cada día de retraso representa un obstáculo para la paz territorial y para los derechos de millones de pobladores rurales. Los compromisos que el Estado suscribió en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, del cual se cumplieron nueve años desde su firma, no podrán concretarse sin esta jurisdicción dirimiendo conflictos rurales, garantizando justicia para las decisiones sobre el campo y cumpliendo con los mandatos históricos de la política agraria del país.
Hoy más que nunca, la consolidación de la paz territorialexige decisiones legislativas oportunas. La reglamentación de la Jurisdicción Agraria no admite más demoras, es una condición indispensable para avanzar hacia un país con mayor justicia social, seguridad jurídica y garantías para quienes trabajan y protegen la tierra.
