Dame un punto de apoyo y te impulso el Acuerdo Final de Paz

Por: Gloria Cuartas

Bogotá D.C.; 4 de febrero de 2026 – (@UAcuerdoPaz). El matemático griego Arquímedes afirmaba: “dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Algo muy similar ha ocurrido en Colombia a partir del trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que, en alianza con múltiples entidades del Gobierno nacional, la sociedad civil y la cooperación internacional decidió entregar ese punto de apoyo a los territorios históricamente más olvidados del país.

En regiones marcadas por la precariedad, la exclusión y la ausencia casi total de información cartográfica el IGAC aportó las bases para comprender, ordenar y dignificar el territorio. Pero su impacto va más allá de lo técnico, ese punto de apoyo permite impulsar la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente en el punto de la Reforma Rural Integral, además de contribuir a la memoria histórica y apoyar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.

Este avance quedó evidenciado en la presentación del balance del periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro. El país alcanzó una cobertura catastral del 39% del territorio cuando al inicio del gobierno apenas se situaba en el 9,4%. Esto se traduce en 326 municipios intervenidos y cerca de 55 millones de hectáreas actualizadas, lo que representa aproximadamente el 55% de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo cuyo objetivo es llegar al 70% del catastro actualizado. Se trata de un balance histórico, sin precedentes en gobiernos anteriores incluidos los de Santos y Duque.

En términos de política pública y de justicia histórica esta información adquiere un valor aún más profundo. No contar con un catastro actualizado genera debilidades estructurales con impactos directos sobre la economía local, la justicia tributaria y la planeación del desarrollo. Cuando un municipio acumula rezagos de 20 años o más en su catastro rural termina cobrando el impuesto predial con valores que responden a una economía del pasado; predios altamente productivos permanecen subvalorados, grandes extensiones de tierra pagan menos de lo que corresponde y, en la práctica, los pequeños productores subsidian indirectamente a los grandes propietarios.

Al mismo tiempo, la planeación territorial se distorsiona, pues si el valor del suelo no refleja la realidad productiva actual, se dificulta identificar el potencial agrícola, se subestima la presión sobre los ecosistemas y se toman decisiones erradas en infraestructura y uso del suelo conduciendo a inversiones ineficientes. Este rezago también alimenta los conflictos por la tierra, afecta los procesos de formalización, distorsiona los avalúos en la compra de predios y genera disputas entre comunidades y propietarios convirtiéndose en un obstáculo real para la política agraria y para la construcción de una paz territorial sostenible.

Pero el catastro multipropósito, tal como lo plantea el Acuerdo Final de Paz y lo ha reafirmado la Comisión de la Verdad, no es solo una herramienta económica o administrativa, es también un insumo clave para reconstruir la memoria del conflicto armado. Permite identificar dónde están hoy las familias campesinas que sobrevivieron a la guerra y cómo se reconfiguraron sus territorios de vida.

Un ejemplo claro es el de Apartadó donde fui alcaldesa. De sus cuatro corregimientos del municipio el único de carácter campesino es San José de Apartadó; los demás quedaron en manos de empresas nacionales y extranjeras, algunas vinculadas al despojo de tierras campesinas y étnicas, a la acumulación irregular de baldíos y al financiamiento de grupos ilegales. Por ello, gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro logramos constituir la Zona de Reserva Campesina en este territorio, sumándose a otras quince ya conformadas en distintos departamentos del país.

Al mismo tiempo, esta información fortalece de manera decisiva la labor de las familias buscadoras al aportar elementos concretos para ubicar cuerpos, fosas o lugares de horror que antes permanecían invisibles. Un ejemplo contundente lo aporta la Comisión de la Verdad con la exposición Huellas de la desaparición1, desarrollada en alianza con la organización Arquitectos Forenses, donde el uso de imágenes satelitales y de información catastral permitió reconstruir espacialmente las fincas en las que ocurrieron las masacres de Honduras y La Negra en el Urabá antioqueño durante el año 1989.

A través de esta metodología fue posible identificar dónde se ubicaban esos predios en el momento de los hechos y contrastarlos con su estado actual, evidenciando que los rastros físicos de la violencia habían sido borrados del paisaje luego de más de 30 años. Sin embargo, el cruce entre cartografía, catastro e imágenes satelitales permitió recuperar la memoria territorial, reconstruir la historia de esos lugares y comprender cómo fueron transformados con el tiempo, con el objetivo de acumular tierras para grandes proyectos de infraestructura. Hoy, buena parte de esos predios están a nombre de una empresa filial de Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar grupos ilegales, razón por la cual, desde el gobierno, junto con las víctimas, hemos propuesto a la Fiscalía General de la Nación solicitar la extinción de dominio.

En este sentido, el avance liderado por el IGAC no es solo técnico, es un paso decisivo hacia la verdad, la memoria y la dignificación del territorio; pero también, una forma de recordar a los llamados cartógrafos inmóviles como Jean-Baptiste d’Anville, quien sin recorrer físicamente el mundo elaboró algunos de los mapas más precisos del siglo XVIII. Desde su gabinete en París, d’Anville construyó representaciones de continentes y territorios lejanos a partir de los insumos que le traían viajeros, exploradores, comerciantes, misioneros y científicos. Su método, basado en el rigor crítico

y en la articulación de múltiples saberes demuestra que la cartografía no solo nace del desplazamiento físico, sino de la capacidad de transformar la experiencia colectiva en conocimiento espacial.

Hoy, el IGAC hace algo similar, los cartógrafos inmóviles llenos de esperanza que están entregando los mapas para ayudar a reparar los territorios, mover las estructuras históricas de la desigualdad, la violencia y el despojo e impulsar de manera decidida el Acuerdo de Paz. Lo que sigue a continuación con este trabajo es empezar a hacer la pedagogía y democratizar la información para todas las comunidades permitiendo fortalecer la democracia, pero ese tema lo desarrollaré en una segunda columna.