- Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha destinado la inversión más alta para la implementación del Acuerdo de Paz desde su firma en el 2016.
- El peso de los sectores de Igualdad y Equidad, Inclusión Social y Reconciliación, y Educación muestra que la implementación se articula con políticas de superación de pobreza, atención a víctimas, inclusión territorial y ampliación de derechos sociales.
- Cumplimos con dignidad siendo el gobierno con la cifra más alta en formalización y compra de tierras.
Bogotá D.C.; 12 de febrero de 2026. (@UAcuerdoPaz). Desde la llegada el Gobierno del Cambio, en cabeza de su presidente Gustavo Petro se asumió un compromiso del más alto nivel con la implementación del Acuerdo Final de Paz. Esto se traduce en acciones que han motivado transformaciones estructurales, entre otras, las relacionadas a la mejora de macroindicadores sociales como el coeficiente de Gini, que alcanzó su valor más alto en 2022 al ubicarse en 0,563, y alcanza en el 2025 un 0.53. Por su parte, la pobreza multidimensional se redujo del 12,9% en 2022 al 11,5% en 2024, mientras que la pobreza monetaria pasó de 34,6% en 2023 a 31,8% en el mismo periodo, la tendencia más baja desde 2012.
Con corte al 30 de noviembre de 2025 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formalizó en total 1.883.079 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. Desde la firma del Acuerdo de Paz esta cartera ha formalizado un total de 3.653.349 hectáreas, más del 50% del objetivo planteado por el Acuerdo (siete millones de hectáreas). Esto significa que, en términos porcentuales, el gobierno Petro gestionó la mitad de las hectáreas formalizadas a la fecha.
Así mismo, durante este cuatrienio se han gestionado unas 7.661 hectáreas para proveer el Fondo de Tierras, cuya meta es de tres millones de hectáreas. De ellas, se han entregado unas 273.135,8 hectáreas para personas sin tierra o con tierra insuficiente (176.213,2 hectáreas para población campesina, 6.565,4 para firmantes de paz y 90.357,2 hectáreas para comunidades étnicas). Además, se aprobó la creación de 20 zonas de reserva campesina, compromiso consignado en el Acuerdo Final de Paz, para un total de 28 desde que se firmó el Acuerdo. Estas ocupan un total de 1.004.532 hectáreas.
Frente al Catastro Multipropósito, instrumento clave creado por el Acuerdo Final de Paz con el fin de disponer de información precisa para la utilización eficaz de la tierra, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reportó que para enero de 2025 se registró un avance del 27,4% del territorio nacional con catastro actualizado, equivalente a 31,2 millones de hectáreas en 217 municipios, de los cuales unos 47 corresponden a municipios PDET que a su vez suman unos 9,9 millones de hectáreas.
Es en este Gobierno donde se han materializado grandes logros en materia de seguridad, para lo cual la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) ha liderado la activación e impulso de las instancias y programas que conforman el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). Para ello, las secretarías técnicas de la Instancia de Alto Nivel, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Programa de Protección Integral, en articulación con entidades del Gobierno y del Estado vinculadas al SISEP avanzaron en el diseño, formulación, reglamentación, adopción e implementación de diversos instrumentos normativos, técnicos y de política pública, bajo un enfoque de seguridad humana, de derechos, de enfoque diferencial de género, étnico, cultural, territorial e intersectorial.
Se destacan las acciones de priorización de la Política Pública de Desmantelamiento en las subregiones priorizadas del Catatumbo, Magdalena Medio y Norte de Cauca, y la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en los departamentos de Córdoba, Guaviare, Sucre, Caquetá, Putumayo y el Distrito Especial de Tumaco (Nariño), y en los municipios de Icononzo, Tumaco, Tame, Pitalito, San José del Fragua, Patía, Ipiales, Ricaurte, Pasto, El Doncello.
A la fecha se reportan 11.186 firmantes de paz activos en la ruta de reincorporación integral, lo que corresponde al 89% de los firmantes acreditados. Entre los principales avances del Gobierno del Cambio se destaca el desembolso de $13.239 millones para proyectos productivos en 32 departamentos; la compra y entrega de 13.986 hectáreas distribuidas en 62 predios a firmantes del Acuerdo de Paz; y la asignación de 390 millones de pesos para atención especializada en salud y rehabilitación visual de firmantes con discapacidad.
Para noviembre de 2025 tenían tierra asegurada 19 de los 23 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con lo que el actual Gobierno está más próximo a alcanzar su objetivo de formalizar la propiedad de tierras y devolver la dignidad a los habitantes de todos los espacios territoriales antes de que concluya su mandato.
Al cierre del mes de diciembre de 2025, el componente de asistencia alimentaria inmediata del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), alcanzó una cobertura acumulada de 76.790 familias, con una ejecución financiera de $893.661 millones equivalente al 98% de la meta prevista. En autosostenimiento y seguridad alimentaria se registró un avance del 89%, con 66.178 familias atendidas y recursos ejecutados por $119.189 millones. Asimismo, la asistencia técnica integral benefició a 77.464 familias consolidando procesos de acompañamiento productivo y comunitario con una inversión de $133.332 millones.
Por otra parte, se emitieron las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcando un hito en la implementación del Acuerdo Final de Paz, respondiendo así a las demandas de justicia de las víctimas y de la sociedad. Con este propósito, la Instancia JEP-Gobierno ha realizado un proceso de identificación y adecuación de la oferta institucional para el cumplimiento de las sanciones propias asegurando su enfoque restaurador, así como las condiciones de seguridad y dignidad requeridas.
Durante el actual gobierno, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) ha mantenido una actividad constante, caracterizada por una mayor frecuencia y participación en sus acciones, lo que refleja un renovado dinamismo y compromiso con la consolidación de la paz en los territorios.
Asimismo, se fortaleció la infraestructura normativa requerida para la implementación del Acuerdo con la expedición de 124 normas entre leyes, decretos, resoluciones, directivas e instrumentos de política pública y económica, mientras que en los dos gobiernos anteriores se expidieron un total de 279.
Respaldo presupuestal para la implementación
Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025 el Gobierno nacional ha sostenido un esfuerzo presupuestal estructural para la implementación del Acuerdo Final de Paz, esto, en coherencia con el mandato constitucional de incorporar un componente específico para la paz, dentro del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con una estimación indicativa para el cuatrienio de $50,4 billones a precios constantes de 2022.
De este total, el más alto asignado a la implementación desde la firma del Acuerdo, el Presupuesto General de la Nación (PGN) -incluyendo inversión y transferencias para inversión- representaba aproximadamente el 49,5% del financiamiento, es decir, cerca de $25 billones constantes de 2022.
Con corte al 30 de noviembre de 2025, las apropiaciones acumuladas del PGN asociadas a inversión para la implementación del Acuerdo alcanzan $33,1 billones en pesos corrientes (acumulado 2023-2025) y $27,3 billones a precios constantes de 2022 (acumulado 2023-2025).
En términos reales (precios constantes de 2022), la distribución por vigencia es de $9,03 billones en 2023; $10,94 billones en el 2024 y $7,35 billones en el 2025. En consecuencia, el acumulado real de $27,3 billones (precios constantes de 2022, suma de las tres vigencias) ya supera el monto indicativo inicialmente proyectado en el PPI para la participación del PGN durante todo el cuatrienio (≈ $25 billones constantes de 2022).
Esto evidencia que el esfuerzo presupuestal efectivo del PGN no solo ha sido consistente con la planeación financiera, sino que la ha superado en términos reales al cierre de la tercera vigencia. Asimismo, el PPI Paz estableció como eje central la Reforma Rural Integral, concentrando el 83% del monto indicativo total . Asimismo, priorizó apuestas asociadas a seguridad humana, convergencia regional y garantía de derechos sociales. El esfuerzo en estas temáticas se refleja claramente en la apropiación sectorial acumulada 2023-2025 (precios constantes de 2022).
Reforma Rural Integral – El esfuerzo en esta temática se puede ver reflejado principalmente en la apropiación del sector Agricultura y Desarrollo Rural que acumula $9,55 billones (precios constantes de 2022, acumulado 2023-2025).
Este sector representa la mayor participación dentro del total apropiado, confirmando la centralidad del desarrollo rural, el acceso y formalización de tierras, la infraestructura productiva y el fortalecimiento de economías campesinas en la implementación.
Seguridad Humana y Justicia Social –Concentra el mayor peso dentro de las transformaciones del PND asociadas a la paz, evidenciando en la apropiación acumulada de sectores con alta representatividad presupuestal (con precios constantes de 2022 acumulado 2023-2025), entre otros en Igualdad y Equidad: $4,75; Inclusión Social y Reconciliación: $4,42 billones y Educación: $3,01 billones.
El peso de estos sectores dentro del acumulado total muestra que la implementación se articula con políticas de superación de pobreza, atención a víctimas, inclusión territorial y ampliación de derechos sociales.
Convergencia regional e infraestructura territorial – El esfuerzo en esta temática se refleja en la apropiación acumulada de sectores estratégicos para el cierre de brechas territoriales en los siguientes ejes a precios constantes de 2022, acumulado 2023-2025 así: Transporte, $2,21 billones; Vivienda, Ciudad y Territorio $1,45 billones, Minas y Energía: $1,38 billones.
Estas apropiaciones respaldan conectividad rural, infraestructura social, energización y condiciones habilitantes para la consolidación de paz estable y duradera.
Institucionalidad y Sistema Integral – El fortalecimiento institucional creado por el Acuerdo Final también se refleja en la apropiación acumulada de la Presidencia de la República con $2,47 billones, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con $0,77 billones, todos con precios constantes de 2022, acumulado 2023-2025.
Estos recursos garantizan la coordinación interinstitucional incluyendo las agencias con responsabilidades directas en la implementación, la verificación, el enfoque diferencial y el funcionamiento de los mecanismos estructurales del Acuerdo.
Un respaldo financiero que supera la planeación indicativa
En términos reales el acumulado 2023-2025 es de $27,3 billones (precios constantes de 2022) representa más de la mitad del total indicativo del PPI Paz ($50,4 billones constantes 2022); supera el monto estimado para la participación del PGN en el cuatrienio (≈ $25 billones constantes 2022) y confirma que la implementación del Acuerdo se encuentra integrada transversalmente en los principales sectores del presupuesto público.
Con hechos y acciones concretas en materia de inversión, gestión, coordinación y articulación, en el Gobierno del Cambio le cumplimos con dignidad a las víctimas, a las personas en reincorporación y al país reafirmando nuestro compromiso con la paz.
