Rechazamos todo acto de intimidación, estigmatización y discriminación con ocasión de diferencias políticas
- La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz rechaza enfáticamente todo acto que signifique un riesgo al libre desarrollo de la democracia. Hacemos un llamado al respeto y la no instrumentalización del discurso electoral en contra de ningún ciudadano(a).
Bogotá D. C., 12 de junio de 2026 –(@UAcuerdoPaz). Con ocasión de los actos de intimidación registrados en la vereda El Guayabo, del municipio de Valparaíso, Antioquia, donde un hombre presuntamente vinculado a una campaña presidencial amenazó a docentes por razón de sus posiciones políticas y atemorizó a niños en una escuela rural, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz -UIAP- manifiesta enérgicamente su rechazo a todo ejercicio de intimidación, estigmatización y discriminación con ocasión de diferencias políticas. Estos hechos no son aislados, hacen parte de un patrón sostenido de violencia política y estigmatización contra comunidades, firmantes del Acuerdo Final de Paz y líderes sociales en los territorios, el cual se ha agudizado en el contexto de la campaña para la segunda vuelta electoral del 21 de junio de 2026.
“El Acuerdo Final de Paz tiene rango constitucional. Los derechos políticos de la población firmante están reconocidos por el Acto Legislativo 02 de 2017. Ninguna campaña electoral puede ejercerse a costa de la seguridad y la dignidad de quienes construyen la paz en los territorios”, expresó Gloria Cuartas, directora de la UIAP.
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones penales de manera urgente; a la Procuraduría General adelantar las averiguaciones disciplinarias correspondientes, y a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior activar de manera inmediata los mecanismos de protección para las comunidades afectadas. Hacemos un llamado a los candidatos a la Presidencia a rechazar públicamente cualquier acto de intimidación cometido en nombre de sus campañas, los cuales incrementan directamente los riesgos de seguridad sobre la población en los territorios y contradice los compromisos del Estado en materia de garantías de no repetición.