Frente a los anuncios de desmonte de la institucionalidad del Acuerdo Final de Paz
Bogotá D.C., 14 de julio de 2026 – (@UAcuerdopaz). La Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP) se pronuncia ante los anuncios del Gobierno entrante relativos a la eliminación de esta Unidad y de otras dependencias creadas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
- El Acuerdo Final cuenta con protección jurídica reforzada
El Acuerdo Final no es un compromiso de un gobierno de turno; constituye una política de Estado con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017.
En dicha decisión la Corte estableció que los contenidos del Acuerdo relacionados con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos fundamentales constitucionales de carácter conexo integran el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, funcionan como un parámetro obligatorio de interpretación y control normativo durante los tres periodos presidenciales posteriores a su firma. El próximo periodo presidencial (2026-2030) coincide con el último cuatrienio de vigencia del mandato constitucional establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, lo que refuerza la obligación del Gobierno entrante de garantizar su continuidad y prohíbe cualquier retroceso institucional.
Esto significa que las autoridades públicas no pueden desconocer estos compromisos ni adoptar decisiones que vacíen de contenido su cumplimiento. Asimismo, las normas del DIH y de Derechos Humanos que ya integraban el bloque de constitucionalidad en sentido estricto conservan plenamente su jerarquía superior.
Como lo reiteró la Corte en la Sentencia C-036 de 2025, el Acuerdo Final obliga al Estado colombiano bajo el principio constitucional de buena fe a impulsar y garantizar su implementación. Ninguna decisión administrativa de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo. Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propicios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del Acuerdo Final.
- Diez años de avances frente a la impunidad, la desigualdad y la exclusión
Durante la última década la implementación del Acuerdo Final ha permitido avances concretos en la superación de las causas estructurales del conflicto y en la garantía de los derechos de las víctimas.
La arquitectura institucional derivada del Acuerdo Final -el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y los mecanismos de participación política y reincorporación, entre otros-, ha permitido al Estado construir capacidades permanentes para cumplir los compromisos de paz y garantizar los derechos de las víctimas.
Gracias a esta institucionalidad se ha avanzado en el esclarecimiento judicial de responsabilidades antes cubiertas por la impunidad; en los procesos de reparación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas y en la ampliación de los espacios de participación política para quienes transitaron a la vida civil.
Estos logros no son reversibles por decreto sin generar responsabilidad institucional del Estado colombiano tanto en el ámbito interno como internacional.
La ejecución de estos compromisos se desarrolla a través del Plan Marco de Implementación, la hoja de ruta oficial del Estado colombiano para cumplir el Acuerdo Final. Actualmente este plan comprende 593 compromisos a cargo de más de 60 entidades del orden nacional, de los cuales 68 corresponden a medidas específicas para las mujeres y 104 incorporan acciones dirigidas a los pueblos y comunidades étnicas. El Plan cuenta con 36 indicadores de resultado orientados a medir las transformaciones sociales y territoriales previstas; de ellos, 67 tienen destinación específica para los municipios PDET priorizando así los territorios más afectados por el conflicto armado.
- Llamado a la Corte Constitucional
Instamos a la Honorable Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia SU-020 de 2022 y de las órdenes proferidas en los Autos 1417 de 2025, 089 y 599 de 2026, a fortalecer y mantener su labor de verificación sobre el cumplimiento del Acuerdo Final. Asimismo, solicitamos salvaguardar la arquitectura institucional que garantiza su implementación, con independencia de los cambios administrativos que se anuncien desde el Ejecutivo.
- Llamado a los países garantes y a la comunidad internacional
Hacemos un llamado a los países garantes y acompañantes del proceso de paz, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Fondo Multidonante para la Paz y demás organismos de la comunidad internacional, para que mantengan su acompañamiento y veeduría sobre el cumplimiento integral de lo pactado, en observancia de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.
- Llamado a la sociedad civil
Convocamos a las organizaciones sociales, de mujeres, víctimas, derechos humanos y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes en la defensa del derecho a la paz, reconocido como un mandato constitucional y como un bien jurídico de la más alta jerarquía cuya vigencia trasciende los periodos de gobierno.
Finalmente, reiteramos nuestra invitación al Gobierno entrante para que designe un equipo con el cual podamos dialogar de manera abierta, técnica y transparente sobre los avances, desafíos y responsabilidades de la implementación del Acuerdo Final. Las puertas de esta Unidad y de los territorios permanecen abiertas para contribuir a un proceso de empalme que preserve esta ruta de esperanza para Colombia.
Que la paz no nos cueste la vida.
Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz