- El Decreto 0638 del 10 de junio de 2025 reglamenta el Programa de protección Integral (PPI) dirigido a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, a los y las exintegrantes en proceso de reincorporación y sus familias, de acuerdo con su nivel de riesgo.
- El anuncio fue presentado en desarrollo de la sesión extraordinaria de la Instancia de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Bogotá, D.C., 12 de junio de 2025 – (@UAcuerdoPaz). El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego presidió la sesión extraordinaria de la Instancia de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que hace parte de la arquitectura institucional prevista en el Acuerdo Final de Paz y está orientado a garantizar la protección para el ejercicio de la política en el actual contexto de seguridad en Colombia.
El espacio contó con la participación de la delegada presidencial para el SISEP y directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, delegados de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y de las embajadas de los países garantes y acompañantes del Acuerdo (Cuba, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Unión Europea, Rusia, Francia, Alemania, España, Dinamarca, Brasil, Suecia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos), así como funcionarios de diversas entidades del gobierno nacional, firmantes del Acuerdo de Paz y fuerza pública.
Allí el primer mandatario firmó el Decreto 0638 del 10 de junio de 2025, por medio del cual se reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI), que tiene como objetivo coordinar, junto con las entidades competentes, la implementación de políticas, programas, acciones y medidas orientadas a la protección integral de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, así como de los y las exintegrantes en proceso de reincorporación y de sus familias, de acuerdo con su nivel de riesgo.
Esto representa un paso significativo en la protección de la vida y la integridad de quienes le apostaron a la paz mediante el establecimiento de medidas articuladas de protección que incluyen políticas, programa, acciones y medidas en tres componentes:
- Medidas articuladas para la libertad respecto del miedo: para la protección por causa de amenazas directas a la seguridad y a la integridad física.
- Medidas articuladas para la libertad respecto de la necesidad: dirigidas a satisfacer las necesidades básicas, sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con la vida, la atención y reducción de las amenazas y los factores causantes de las mismas.
- Medidas articuladas para vivir en dignidad: para la protección y el empoderamiento de la población objeto a fin de reducir las brechas relacionadas con la discriminación y la exclusión, especialmente en escenarios de participación política.
El PPI también crea las Instancias Tripartitas de Protección y Seguridad (ITPS), espacios de coordinación, articulación y diálogo entre los representantes del gobierno nacional y la población objeto, con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las ONU, además de la Mesa de coordinación interinstitucional.
Durante la IAN se estableció además que se fortalecerá el análisis geopolítico, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para impulsar las investigaciones y desmantelar las estructuras y organizaciones criminales de carácter transnacional que afectan la seguridad y, en consecuencia, el ejercicio pleno de la participación democrática.
Adicionalmente, se planteó la necesidad de fortalecer la estructura investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en particular sobre el Comité de Impulso a las Investigaciones para ampliar su eficacia, con el apoyo de la inteligencia y una comisión internacionales independiente que pueda enfrentar el crimen organizado y contrarrestar la impunidad.
Se destacó además el Pacto Político Nacional establecido en el Acuerdo Final de Paz, cuyo primer borrador fue presentado para su análisis y retroalimentación a todos los sectores sociales y políticos, con el propósito de excluir definitivamente el uso de las armas en la política y rechazar cualquier forma de organización violenta que atente contra la vida, la libertad, la convivencia democrática y la seguridad del país. En este marco, se avanzó de forma coordinada en la definición de directrices gubernamentales para fortalecer la implementación del Plan Nacional de Garantías Electorales.
El próximo 27 de junio sesionará nuevamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde se presentarán avances en el desmonte de estructuras criminales, especialmente en los pilotos implementados en el Cauca y el Magdalena Medio.