- La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, facultad de Ciencias Sociales, realizó el Foro “Diálogos improbables: la solución al problema de las drogas ilícitas”, en espacio de diálogo y reflexión que puso en el centro del debate sobre los logros y retos de la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.
- Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, El Charco, Valle del Guamuez, Orito, El Tarra, San Miguel y Olaya Herrera son los 10 municipios que concentran el 45% de los cultivos de coca.
- Según cifras del Ministerio de Defensa se han alcanzado registros históricos en incautaciones de cocaína que superaron las 1.900 toneladas en los 30 meses de mandato del presidente Gustavo Petro. Además, la fuerza pública ha intensificado las operaciones de interdicción marítima, destrucción de laboratorios clandestinos e incautaciones de insumos mostrando un compromiso operativo sostenido.
Bogotá D.C.; 22 de septiembre de 2025. El Gobierno de Colombia comprometido con la lucha contra las economías ilícitas adoptó la Política de Drogas para el periodo 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, que plantea superar el paradigma de la guerra contra el narcotráfico y avanzar hacia una estrategia centrada en la vida, la paz y los derechos humanos. Al respecto, y siendo este tema de gran interés para la sociedad colombiana, máxime cuando el Gobierno de los Estado Unidos ha anunciado la desertificación del país sobre esta materia, se hace necesario presentar algunos datos clave relacionados con avances, logros y retos sobre la labor adelantada en el marco del Punto 4 del Acuerdo Final de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, y generar un espacio de diálogo y reflexión con participación de entidades del Estado, academia, organizaciones sociales y líderes de territorios.
Para ello, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en cabeza de Gloria Cuartas, en alianza con la facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana realizó este lunes 22 de septiembre el Foro “Diálogos improbables: la solución al problema de las drogas ilícitas”, donde se escucharon las voces de representantes del Gobierno, expertos, académicos y líderes de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo.
El evento permitió un análisis de avances y retos a partir de temas concretos como sustitución y erradicación, consumo de sustancias psicoactivas, comercialización y producción de narcóticos para lo cual se presenta la siguiente información.
Contexto
El Gobierno reconoce que los campesinos, la población en condición de vulnerabilidad y las mujeres cabeza de familia hacen parte de la cadena del narcotráfico como su eslabón más débil, muchos de ellos amenazados y, en consecuencia, víctimas del conflicto y de las estructuras armadas ilegales. El país entiende que la lucha contra el narcotráfico requiere de la suma de esfuerzos de todas las naciones por tratarse de una actividad que pone en riegos la salud y la seguridad a nivel global, confirmando la relevancia que tiene la corresponsabilidad internacional en la reducción de la demanda y la regulación de mercados.
Colombia le apuesta a la superación del problema de las drogas ilícitas desde la transformación territorial, pues entiende que la clave está en fortalecer la economía campesina, indígena y afrodescendiente, a través de proyectos productivos sostenibles, acceso a mercados y servicios básicos, en otras palabras, la Reforma Rural Integral (RRI). El consumo de drogas se aborda desde la salud y la prevención, es decir, como un asunto de salud pública, más que sobre la represión y la criminalización.
A partir de su política de drogas el Estado colombiano reconoce el valor central de los ecosistemas y el ambiente bajo el pilar “Oxigeno”, con medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas directamente afectadas por la economía de las drogas ilícitas.
Es por esta razón frente a la integralidad del problema de las drogas ilícitas y la implementación de la Reforma Rural Integral, puntos incluidos en el Acuerdo Final de Paz con la extintas FARC-EP, el gobierno de Colombia ha puesto en marcha los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, no como un mecanismo de erradicación directa, pero sí como la estrategia estructural sostenible para enfrentar el problema de drogas ilícitas en el que se atacan las causas estructurales (pobreza, aislamiento, exclusión) y se ofrecen alternativas económicas, sociales y territoriales que permiten a las comunidades rurales salir del círculo del narcotráfico a través de seis ejes temáticos: i) Acceso y uso de la tierra, ii) Infraestructura, iii) Ambiente, iv) Estímulos a la economía campesina, v) Desarrollo social y, vi) Derecho a la seguridad alimentaria.
Por otra parte, con la implementación del Acuerdo de paz se resaltan tres temas:
1) Financiamiento y gobernanza: las inversiones destinadas a la implementación alcanzaron $50,44 billones, 35.9% más que en el período anterior. 2) Transformación territorial y tierra: el Estado adquirió más de
640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras; se han entregado 250.703 hectáreas con carácter redistributivo (161.001 a campesinos, 5.714 a firmantes de paz y 89.694 a comunidades étnicas), y se han formalizamos 1.732.564 hectáreas para brindar seguridad jurídica rural al campesinado.
3) Reforma Rural Integral a través de los Planes Nacionales Sectoriales: se pusieron en marcha los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral para lo cual se realizó un diagnóstico cualitativo de los PNSRRI, evaluando su alineación con el Acuerdo de Paz, el Plan Marco de Implementación (PMI) y su articulación con otros instrumentos.
Según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), el avance promedio en la implementación de los PNSRRI es del 30,16%, considerando únicamente los indicadores definidos. En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) la pobreza rural se ha disminuido, pasando del 39% al 23%, esto quiere decir que bajó 15 puntos porcentuales entre el 2018 y el 2023. Adicionalmente se han financiado más de 5.556 proyectos PDET y se han dispuesto más de $17 billones para estos municipios acelerando las inversiones y el ordenamiento territorial.
En 2024 se aprobaron 76 iniciativas en la segunda convocatoria del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), por un valor cercano a $1 billón con impacto en 13 subregiones PDET, principalmente en infraestructura vial, agua potable, educación y proyectos productivos. Por su parte mediante el mecanismo de Obras por Impuestos se ejecutaron 117 proyectos entre enero y octubre de 2024 por un valor aproximado de $900 mil millones.
En la convocatoria 2025–2026 del OCAD Paz se presentaron 789 proyectos por más de $11 billones, reflejando una mayor capacidad de planeación por parte de alcaldías, gobernaciones y comunidades. Así mismo, a julio de 2025 avanza el segundo momento metodológico de actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), con énfasis en la construcción participativa de capítulos programáticos, alineados con el Acuerdo Final de Paz, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Plan Marco de Implementación (PMI).
En materia del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), se diseñó y aprobó la Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción permanente; cuya implementación inició priorizando 11 subregiones y 71 municipios. Así mismo, se puso en marcha la Estrategia de aceleración para la implementación territorial de esta política pública y su plan de acción en dos subregiones: Magdalena Medio y norte del Cauca. Al tiempo se diseñó y puso en marcha el Programa de Protección Integral (Decreto 0638 de 2025) y se reactivaron las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, incluida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Instancia de Alto Nivel para proteger a firmantes de paz y liderazgos sociales
Sobre los procesos de sustitución
El programa avanza con 99.097 familias que hoy cultivan cacao, café, entre otros productos. Se han hecho avances en la renegociación de proyectos productivos
del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y la asignación de recursos a comunidades étnicas, articulando la Política Nacional de Drogas 2023–2033 con el Acuerdo de Paz y la Paz Total.
En asistencia alimentaria y planes de inversión se han firmado más de 64.441 planes de inversión en 56 municipios, con 623 líneas productivas. $532.615 millones fueron asignados al Plan de Atención Inmediata familiar en 2025, con la expectativa de cubrir el 80% de la atención en departamentos priorizados. Y en el Catatumbo la cooperación internacional ha invertido más de 15 millones de USD, beneficiando a 4.800 familias con asistencia técnica, formalización de tierras y proyectos productivos.
En el Programa RenHacemos 11.294 familias han manifestado intención de participar en Argelia, Catatumbo, Putumayo, Roberto Payán y Samaniego. A la fecha, 3.913 personas ya ingresaron al programa con 5.885 hectáreas comprometidas para transitar hacia economías lícitas.
10 municipios con cultivos de hoja de coca concentran el 45% de esta: Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, El Charco, Valle del Guamuez, Orito, El Tarra, San Miguel y Olaya Herrera
Por otra parte, con aportes de la Fundación Buffet, como un importante socio internacional, enfocados en departamentos como el Cauca o Norte de Santander, por medio de la organización de Mercy Corps, que trabaja en Colombia contribuyendo a la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos ilícitos, entre 2018 y 2025 se ha acompañado a 4.576 productores; se han eliminado
2.323 hectáreas de coca y se han formalizado 2.647 predios dinamizando economías legales en zonas afectadas por el conflicto.
En los primeros meses de 2025 Colombia ha reportado avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, según cifras del Ministerio de Defensa se han alcanzado registros históricos en incautaciones de cocaína que superaron las 1.900 toneladas en los 30 meses de mandato del presidente Gustavo Petro. Además, la fuerza pública ha intensificado las operaciones de interdicción marítima, destrucción de laboratorios clandestinos e incautaciones de insumos mostrando un compromiso operativo sostenido.
| Avances en la lucha contra el problema mundial de las drogas en Colombia (Comparativo enero julio 2024 Vs. enero–julio 2025) | ||
| 2024 | 2025 | |
| Erradicación manual de cultivos de coca | 2.457 hectáreas | 3.636 hectáreas |
| Lectura: hubo un aumento significativo en la erradicación manual, lo que refleja un mayor esfuerzo en terreno para la reducción de cultivos ilícitos. *Fuente Ministerio de Defensa | ||
| Incautación de cocaína | 504,2 toneladas | 600,9 toneladas |
| Lectura: El incremento en la incautación de cocaína evidencia un fortalecimiento de las operaciones de interdicción y mayor efectividad en la cadena logística de control. | ||
| Incautación de heroína | 2024: 166 kg | 2025: 261 kg |
| Lectura: El crecimiento en las incautaciones de heroína, aunque en volúmenes más reducidos frente a la cocaína, muestra una intensificación en el control a drogas menos visibles, pero de alto impacto. | ||
| Incautación de marihuana | 315,6 toneladas | 265,5 toneladas |
| Lectura: Se observa una reducción en la cantidad de marihuana incautada. Esto podría deberse a cambios en los patrones de producción, en las rutas de tráfico o a una priorización de los operativos hacia la cocaína y la heroína. | ||
| Observaciones | ||
| En tres de los cuatro indicadores (erradicación manual, cocaína y heroína incautadas) se registran avances positivos con crecimientos significativos.La única disminución se da en la marihuana, lo que sugiere la necesidad de analizar tendencias de consumo, producción y tráfico para ajustar la estrategia. | ||
Como conclusiones del evento se identificaron cinco prioridades de acompañamiento para consolidar lo avanzado y cerrar brechas frente al problema integral de las Drogas Ilícitas:
- Es relevante bridar garantías de seguridad en el ejercicio de la política para firmantes y liderazgos sociales, así como para la sostenibilidad financiera y técnica del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y del Programa de Protección Integral (PPI) con enfoque territorial, étnico y de género.
- En materia de tierra y Reforma Rural Integral, debe ampliarse el apoyo a la ruta de adjudicación y formalización, con énfasis en mujeres rurales y pueblos étnicos, además de la plena puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural.
- En sustitución de economías ilícitas mayor inversión y asistencia técnica para consolidar proyectos productivos PNIS y cadenas de valor, evitando recaídas y abriendo mercados.
- Gestión territorial de la implementación con acompañamiento a las ocho Regiones de Paz priorizadas en la implementación del Acuerdo, a los nuevos procesos para alinear seguridad humana, infraestructura social, verdad y reparación.
- Participación y legitimidad con respaldo a las instancias creadas por el Acuerdo -Instancia de Mujeres (IEM) e Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE). Así mismo, trabajo con víctimas, incluida la búsqueda de personas desaparecidas y garantías de no repetición, al igual que al trabajo en los enfoques de discapacidad, niñez y género.
Retos y desafíos
Pese a los logros y avances con relación a la sustitución de cultivos y la lucha contra las economías ilícitas que de estos se derivan, persisten riesgos en el territorio, entre ellos la violencia y la estigmatización de las personas que le apuestan a la paz. Desde la Firma del Acuerdo Final, 473 firmantes han sido asesinados. En este gobierno y con corte al 11 de julio de 2025 se registran 124 homicidios de firmantes, 38 tentativas y 25 desapariciones forzadas.
A esto se suman discursos y propuestas que buscan revertir la implementación, incluso iniciativas de referendo para “derogar” el Acuerdo, lo que tensiona el consenso nacional construido en torno a la paz y desconoce obligaciones internacionales del Estado.
Finalmente, la desertificación a Colombia por parte de Estados Unidos, anunciada el pasado 15 de septiembre, por considerarlo “un país que no coopera demostrablemente” en sus obligaciones internacionales contra las drogas.
El Gobierno colombiano defiende que la lucha contra el narcotráfico no puede concebirse solo en el marco de una acción de control coercitivo. Se argumenta que la política estatal incorpora la prevención, la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo social y la cooperación internacional, así como la exigencia de que los países consumidores también contribuyan con responsabilidad en la reducción de la demanda.
