UNIDAD PARA UNIDAD DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ

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24 de noviembre de 2023. En el marco de la Conmemoración del 7º año de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), donde confluyen las altas partes contratantes del Acuerdo, junto con la Unidad de Implementación, con el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas realizaron durante siete días una serie de eventos, ferias, cumbres, paneles y actos culturales, entre otros, sobre los avances y retos en la implementación del Acuerdo. Durante estos siete días se reafirmó el compromiso del Gobierno del Cambio con la Paz Total y la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, así como la inclusión efectiva de los enfoques territorial, étnico y de género.

  1. Institucionalidad para la paz

Se ha constituido la Ley 2272 del 2022 como Política de Estado para la Paz Total y la Seguridad Humana, que contempla:

  • La Implementación de lo pactado en el Acuerdo de 2016.
  • La apertura a nuevos procesos a través del acercamiento y conversación con estructuras armadas organizadas de crimen para su sometimiento a la justicia, y negociaciones o acuerdos con representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Con el propósito de ver el territorio como una integralidad y no desarrollar acciones dispersas, se ha constituido a través del Decreto 2647 del 30 de diciembre del 2023 una Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. A esta Unidad se le delegaron las funciones de asesorar, articular, apoyar, hacer seguimiento y verificar la implementación del Acuerdo Final de Paz con los distintos actores involucrados en esta.

El Congreso de la República expidió la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, disponiendo como uno de sus ejes transformadores la “Paz Total e Integral”, con al menos 164 disposiciones orientadas a dar cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz en sus 6 puntos incluyendo temas como: la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el fortalecimiento del catastro multipropósito, la financiación del Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz, el fortalecimiento de veedurías ciudadanas, la creación del Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, la Política Nacional de Drogas y reforma a la Ley de Víctimas.

Hay una acción articulada del sector paz de la Presidencia de la República liderada por la Unidad de Implementación con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). En ese marco, realizamos un ejercicio de priorización territorial con el fin de potenciar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y territorial, y sumar esfuerzos en torno a una acción territorial integral en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Con base en este cruce se definieron ocho (8) subregiones: 1. Arauca, 2. Bajo Cauca Antioqueño, 3. Caguán Macarena, 4. Catatumbo, 5. Pacífico Nariñense, 6. Naya Calima San Juan, 7. Norte y occidente del Cauca y, 8. Medio y bajo Putumayo.

  1. Rezagos en la implementación

La Unidad de Implementación en articulación con las diferentes misiones de verificación al proceso de paz, como es el caso del Instituto Kroc, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA, ha encontrado los principales rezagos en la implementación sobre los cuales se están trabajando de manera prioritaria:

  1. Baja o casi nula ejecución de políticas y o programas que fortalezcan la participación ciudadana, y la transparencia.
  2. Inequidad en las aprobaciones presupuestales del OCAD-Paz.

Por ejemplo:

  • El 54% de la inversión total del OCAD-Paz se concentró en cinco (5)d de las 16 subregiones PDET (1. Sierra Nevada y Perijá, 2. Alto Patía y Norte del Cauca, 3. Macarena-Guaviare, 4. Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y 5. Putumayo). En estos se presentaron casos como el del departamento del Cesar, que obtuvo casi el 9% de la asignación de los recursos del OCAD- Paz (8,2 billones de pesos a la fecha). 
  • 26 de los 170 municipios lograron 135 proyectos de inversión aprobados, representando el 43% de total de proyectos aprobados en contraste con siete (7) municipios que a la fecha no han recibido recursos del OCAD Paz como son: Buenaventura, Ituango, Litoral de San Juan, Morales, Jambaló y Santander de Quilichao, siendo estos de los más afectados por el conflicto y con los más altos niveles de pobreza.
  • Falta de veedurías y control social de los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz.
  • El Plan Marco de Implementación no ha sido actualizado ni revisado, cuando el Acuerdo disponía que se hiciese de forma anual.
  • Se encontró, como lo ha mencionado el director Felipe Tascón, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) tenía ejecuciones inconclusas y problemas serios en el territorio.

Hallazgos PNIS:

  • El Decreto Ley 896 de mayo de 2017 formalizó la política pública (PNIS), el programa de sustitución que se enfocaría en desarrollar proyectos productivos de carácter individual, además de condicionar la asistencia estatal de las familias cultivadoras a la erradicación previa de sus cultivos de coca. Estos condicionamientos, sumado a su desarticulación con el Punto 1 del Acuerdo de Paz impidieron que el PNIS tuviera un impacto real en la transformación territorial y en el cambio en las fuentes de ingresos económicos de los productores.
  • Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre el año 2017 y 2021, se celebraron buene (9) compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los $793 mil millones, de los cuales a la fecha hay cinco (5) siniestrado con ocasión de las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios con relación a los incumplimientos en las entregas de insumos, visitas de asistencia técnica, monitoreo y demás actividades contempladas en los compromisos contractuales.
  • A partir del 2022 la ejecución se llevó a cabo a través de 23 mega contratos, a los cuales se le apropiaron recursos por valor de $438.000.000.000. Pese a los montos invertidos, 6 años después del inicio de este programa, solo 386 familias de las noventa y nueve mil firmantes habían recibido la totalidad de los componentes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), es decir, menos de 4/1000 de los beneficiarios, cuando el programa estaba proyectado a dos años.
  1. Apuestas y Avances

En el Gobierno del Cambio se dispusieron $50,4 billones para la implementación del Acuerdo Final de Paz en el cuatrienio. Este presupuesto supera en $13,39 billones los recursos dispuestos por el Gobierno anterior. Aproximadamente el 80% de estos recursos están concentrados en la implementación de la Reforma Rural Integral ($41,6 billones).

  • Se aprobaron 4 millones de dólares en el Fondo Multidonante para proyectos que impulsan la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en temas de desminado humanitario, reparación a víctimas, fortalecimiento de radios comunitarias, restitución de tierras.
  • Destinación de $320 mil millones de la Bolsa Paz, con el objeto de financiar la compra de tierras para población en reincorporación, el fortalecimiento de proyectos productivos, la actualización catastral y la atención de firmantes de paz en condición de discapacidad por lesiones de guerra.
  • A través de la gestión de la Unidad de Implementación y de las Agencias para la paz se apropiarán en el Fondo Colombia en Paz recursos por valor de $1.048 billones, los cuales movilizarán 2.310 iniciativas PATR, financiarán la implementación de 106 proyectos y la estructuración de 92 en municipios PDET, se fortalecerá el sistema de información central PDET; se beneficiaran 58.143 familias PNIS con asistencia técnica integral, 2.218 con proyectos productivos de ciclo corto, 53.227 con proyectos productivos de ciclo largo y 8.263 recolectores y, por último, se realizará actualización catastral de 10 municipios PDET. Adicionalmente, ya se incorporaron $169 mil millones para la compra de tierras para la reforma agraria y las personas en reincorporación.
  • En julio de 2023 se entregó a la CSIVI el diseño de la propuesta de parámetros para la actualización del Plan Marco de Implementación, como hoja de ruta de la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz, uno de los compromisos más rezagados de la Implementación del Acuerdo y meta del Plan Nacional de Desarrollo.
  • Implementación del Acuerdo desde un pensamiento geográfico para la paz, que permita evidenciar las tensiones y oportunidades a nivel territorial, y desde ese enfoque aporte a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la ubicación de zonas con sospecha de minas antipersonal y la centralidad de la reparación a las víctimas.
  • Desarrollo de acciones y productos de comunicación y pedagogía del Acuerdo, sus avances y una cultura de paz; divulgamos los discursos presidenciales y el ideario de la política de gobierno Colombia Potencia de la Vida, como un aporte a la apropiación de los conceptos que orientan el Gobierno del Cambio; ypromovemos el conocimiento de los desarrollos que se van dando en la institucional del Acuerdo y en la inversión para la paz.

Punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”:

Durante el Gobierno del Presidente Petro se expidió el decreto 1406, que reglamenta la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural establecido en la Ley 160 de 1994, que por más de 29 años no se había estado en funcionamiento. Este Sistema ya se puso en marcha y hoy, 24 de noviembre, sesionará por primera vez la Comisión Intersectorial, que coordina el Sistema bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura.

Catastro Multipropósito:

Más de 200 mil colombianos y colombianas participaron en la construcción de los PDET logrando la identificación de más de 33 mil iniciativas que buscan beneficiar el 36% del territorio nacional.

  • Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz):

  • la aprobación y puesta en marcha de la nueva metodología de priorización en el OCAD Paz, una de las bolsas de recursos más importante para la implementación del Acuerdo y de los PDET, con el objetivo de lograr mayor equidad en la asignación de recursos, prelación a las regiones que menos han recibido y priorización de iniciativas que apunten a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.

El Sistema Nacional de Reforma Agraria es el mecanismo de coordinación y orientación estratégica de los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, en donde se recogen temas de vivienda rural, conexión vial, educación, salud, comercialización, acceso a tierras, atención a la niñez, entre otros.

Se avanza en una estrategia de articulación y coordinación entre los 16 PNRRI. Con las entidades encargadas de los planes se trabaja en los planes de acción 2024, con el fin de lograr una acción territorial y presupuestal articulada que logre el objetivo de transformación territorial. En esta acción se articularán también los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Con el Ministerio de Salud se avanza en el desarrollo del documento técnico y adopción del Plan Nacional de Salud, único Plan Nacional pendiente de adopción.

Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”:

El Punto 4 se implementa como parte de la Reforma Rural Integral, tal y como lo demanda el Acuerdo.

Se creó una estrategia de reconversión de economías ilícitas que tiene como enfoque la reactivación económica de las zonas productoras de coca, marihuana y amapola, ampliando la acción más allá de la erradicación de cultivos, y fomentado alternativas productivas sostenibles. Con ello, se ha ampliado la política a 145 municipios del país, en donde se incluyen los 56 municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Igualmente, y en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, se promulgó la Política Nacional de Drogas por parte del Ministerio de Justicia.

Punto 2 “Participación Política”:

El Acuerdo de Paz concibe la participación a través de garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos, promoviendo la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. Respetando la movilización y la participación ciudadana.

Se ha respetado la institucionalidad del Acuerdo, el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI y la configuración del partido Comunes.

  • hoy, además de Comunes como partido político nacido tras la firma del Acuerdo de Paz se cuenta con más de 10 expresiones o movimientos sociales de firmantes del Acuerdo.

Punto 3 “Fin del conflicto”:

La estrategia de activación e impulso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) se fundamenta en un enfoque de la seguridad humana, entendiendo la seguridad desde un enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la Paz Total.

Se avanza en la activación y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política (SISEP), que incluye la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel (IAN), la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, Comité de Impulso a las Investigaciones, Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida y los Programas Integrales de Protección, en donde participan más de 14 actores.

  • Construcción y sanción de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción.
  • Construcción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para la población en reincorporación y, está en trámite su reglamentación.
  • Realización de 57 sesiones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para firmantes del Acuerdo en Valle del Cauca, Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Tolima, Antioquia, Cauca, Putumayo, Chocó, Nariño y Meta.
  • Reactivación del espacio tripartito de diálogo e intercambio de información sobre minas y artefactos explosivos, acompañando la labor de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
  • Adecuación de 2 inmuebles para el funcionamiento de casas transitorias para firmantes y sus familias en situación de riesgo en las ciudades de Bogotá y Cali.

El Acuerdo busca garantizar la reincorporación integral de los firmantes reconociendo sus diversidades (étnica, indígena, afro, campesina).

  • Aprobación del Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, una de las deudas y rezagos grandes que había con la población firmante en la implementación. El sistema y el programa incluyen 4 líneas transversales: reincorporación política, comunitaria, económica y social. Allí se abordan temas de acceso a tierras y vivienda, aplicación de los enfoques diferenciales y garantías de seguridad.
  • Se aprobó la estrategia de sostenibilidad de proyectos productivos de firmantes de paz y la nueva estrategia de seguridad alimentaria, con el fin de ampliar su alcance al 90% de los firmantes.
  • Este Gobierno ha adquirido 3.371 hectáreas de tierra para los reincorporados. De estas, 2.812 hectáreas han sido compradas por el Gobierno y corresponden a 13 predios que se han entregado a población en proceso de reincorporación.

Se atendió la situación de emergencia por riesgo de seguridad de los antiguos ETCR de “Mariana Páez” y “Georgina Ortiz” en el departamento del Meta, logrando la compra de tierras para su reubicación, las cuales ofrecen garantías tanto para vivienda como para el desarrollo de actividades productivas:

  • En el mes de agosto se entregó al ETCR “Mariana Páez” un predio comprado a la SAE en el municipio de Acacias con 1.453 hectáreas. A este predio llegaron 144 familias de firmantes de paz.
  • Para la reubicación del ETCR “Georgina Ortiz”, el Gobierno del Cambio compró un predio de 1.047 hectáreas en el municipio de San Juan de Arama, el cual se entregó en el mes de octubre a los reincorporados. Se espera la reubicación definitiva de las 200 familias en los próximos meses.

Retos:

  • Tierra, vivienda y producción para firmantes, junto con la sostenibilidad de proyectos productivos y fortalecimiento de las medidas de seguridad.
  • Así mismo, dentro de las metas que tenemos como gobierno está: logar la consolidación de por lo menos 10 AETCR (acceso a tierras suficientes, soluciones temporales de vivienda), pasando a las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC). 
  • 130 procesos de reincorporación comunitaria desarrollados a través de la metodología de las agendas territoriales de reincorporación comunitaria y, fortalecer por lo menos 60 procesos colectivos de mujeres firmantes.
  • Lograr que más de 1.800 firmantes con discapacidad puedan acceder a los servicios de salud, cuidado, prótesis y o extensiones que fortalezcan su integración a la vida social y laboral. 

Punto 5 “Víctimas”:

El Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9.555.446 (18.3% de la población colombiana) de las cuales casi el 80% son sujeto de atención y aproximadamente el 90% son víctimas de desplazamiento forzado. Igualmente se ha logrado la inclusión de 953 sujetos colectivos, 416 de comunidades étnicas. Se trabaja en los temas de tierra, vivienda y producción como camino para la reparación, junto con los planes de retornos y reubicaciones.

  • 188 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) en implementación, muchos de estos a partir de contrataciones con las mismas comunidades.
  • Con el fin de restituir a las víctimas y cumplir con el Acuerdo y la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Gobierno del Cambio ha microfocalizado 7.814 solicitudes en ruta individual de un total de 8.712 solicitudes recibidas en el actual Gobierno.
  • Se han finalizado 5.199 casos individuales con decisión de fondo, correspondientes a 60.734 hectáreas, y 73 casos comunitarios (48 comunidad indígena y 25 comunidad negra) correspondientes a 3.665.590 hectáreas.
  • En este Gobierno se ha materializado para víctimas de restitución la entrega material o compensación de 626 predios, que corresponden a 15.649 hectáreas.
  • Se avanza en un proyecto de reforma a la ley 1448 de 2011 desde la perspectiva del punto 5, de las víctimas y sus derechos y de la constitución nacional en su título transitorio para la construcción de una paz estable y duradera.
  • Se construyen tres políticas integrales para las víctimas en materia de vivienda digna y hábitat, empleo y generación de ingresos y restitución de tierras
  • En el Gobierno del Cambio se ha brindado atención humanitaria a 880.934 hogares víctimas de desplazamiento forzado, correspondiente a un total de $868.489 millones. Igualmente, se han entregado indemnizaciones a 252.648 hogares víctimas del conflicto, correspondiente a un total de $2,3 billones de pesos.

En Colombia hay aproximadamente 100 mil personas desaparecidas, por esto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en un trabajo de construcción comunitaria constituyó el Plan Nacional de Búsqueda y los Planes Regionales de Búsqueda (PRB), que tienen como finalidad dar una respuesta institucional articulada para la búsqueda masiva de lapersonas.  De acuerdo con los registros, en 9 de los 32 departamentos, se encuentran el 60% de los desaparecidos del país, por esto se han priorizado los pactos regionales en estas zonas, logrando a la fecha 12 pactos que permiten una respuesta articulada entre las instituciones con la participación de las víctimas

  • El Gobierno del Presidente Petro ha decidido acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ha establecido canales de comunicación directa con el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, y está trabajando en una hoja de ruta para la implementación y seguimiento de 104 recomendaciones incluyendo las del capítulo étnico y el de hallazgos de la Comisión, que involucran a más de 40 entidades del Estado.
  • Se avanza de manera articulada con la Jurisdicción Especial para la Paz en el desarrollo de proyectos restaurativos, en el marco de la garantía a los derechos a la justicia y reparación de las víctimas del conflicto. En el marco de esta articulación se han priorizado tres proyectos restaurativos: 1. Desminado humanitario en Dabeiba, Antioquia; 2. Restauración ambiental en el corredor Sumapaz-Chingaza; y 3. Proyecto ambiental con enfoque étnico en la Reserva ecológica del Pueblo Awá en Nariño.

Punto 6 “Verificación y Refrendación”:

Se reactivaron las instancias del Acuerdo se aseguraron los recursos para la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE), y la Instancia Especial de Mujeres (IEM); se mantiene relación directa con el partido comunes y se han realizado 14 sesiones de seguimiento y verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI, y el Consejo Nacional de Reincorporación-CNR.

Cifra:

  • La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz está garantizando el funcionamiento de los equipos de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI), Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Instancia Especial de Mujeres (IEM), con una financiación de $7.000 millones de pesos.
  • Pusimos en funcionamiento la Instancia de Acompañamiento Internacional dispuesta en el punto 6 del Acuerdo de Paz, de la cual hacen parte más de 30 actores de la cooperación internacional. En el acto de instalación estuvieron presentes entidades del Estado colombiano, población firmante e instancias de participación.

En lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego se inauguraron cuatro emisoras para la convivencia y la reconciliación, conocidas como Emisoras de Paz, en: Fundación (97.3 FM), San Vicente del Caguán (93.3 FM), San José del Guaviare (96.3 FM) y Tumaco (104.6 FM), completando 16 de las 20 pactadas y con las cuales se reporta un cumplimiento del 80% de lo acordado.  Con el fin de llegar al 100% de la meta (20 emisoras de paz), ya se encuentran en proceso de creación los cuatro espacios radiales faltantes que se ubicarán en: Agustín Codazzi (Cesar); Tierra Alta (Córdoba); Riosucio (Choco) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Capítulo étnico:

  • Se diseñó junto con la Vicepresidencia una estrategia de acción rápida para la implementación del capítulo étnico, haciendo énfasis en los puntos con mayor rezago.
  • Se avanza en el plan de armonización del capítulo étnico para la reincorporación integral. Ya se encuentra concertado con los pueblos afros y se está en concertación con los pueblos indígenas.
  • El 20 de noviembre de 2023, en el marco de la Conmemoración de los 7 años de del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional en cabeza de la Vicepresidencia firmó el Pacto político por la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. Este pacto implica la asignación de recursos necesarios para la implementación del Capítulo Étnico, el establecimiento de mecanismos de seguimiento y la promoción de la participación de las comunidades étnicas en las decisiones relacionadas con la implementación. Igualmente, establece directrices claras y acciones concretas para garantizar su exitosa implementación, desde la colaboración entre las partes involucradas y con el fin de fortalecer la inclusión, la justicia y el respeto a la diversidad étnica en el proceso de construcción de paz.

Enfoque de género:

  • Se reactivó y puso en funcionamiento la Alta Instancia de Género de Gobierno, como escenario para hacer impulso y seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo.
  • Se está implementando una macro-meta presidencial Macrometa para las Mujeres en la ruralidad, con la cual se impulsan las medidas de género del Plan Marco de Implementación, en temas claves de la reforma rural integral como: acceso a tierras, financiamiento para la autonomía, gestión y movilización de conocimiento técnico, fortalecimiento organizativo, comercialización con igualdad, catastro multipropósito.

Enfoque de discapacidad:

  • Avanza la creación de un convenio entre la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Hospital Militar, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Ministerio de Salud, el Fondo Colombia en Paz, para atender a personas en condición de discapacidad por razones del conflicto social y armado, como firmantes de paz, miembros de la fuerza pública y víctimas del conflicto. Este convenio permitirá que la atención integral a esta población inicie en enero de 2024. Este convenio se ha construido de manera participativa con la Asociación CONELAEC, de firmantes de paz en condición de discapacidad y el liderazgo de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.