UNIDAD PARA UNIDAD DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ

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(Informe con corte a 17 de noviembre de 2023)

  1. Institucionalidad para la paz.

Se ha constituido la Ley 2272 del 2022 como Política de Estado para la Paz Total y la Seguridad Humana, que contempla:

  • La Implementación de lo pactado en el Acuerdo de 2016 y
  • La apertura a nuevos procesos a través del acercamiento y conversación con estructuras armadas organizadas de crimen para su sometimiento a la justicia, y negociaciones o acuerdos con representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Con el propósito de ver el territorio como una integralidad y no desarrollar acciones dispersas, es que se ha constituido a través del Decreto 2647 del 30 de diciembre del 2023 una Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. A esta Unidad se le delegaron funciones de asesorar, articular, apoyar, hacer seguimiento y verificar la implementación del Acuerdo Final de Paz con los distintos actores involucrados en esta.

El Congreso de la República expidió la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, disponiendo como uno de sus ejes transformadores la “Paz Total e Integral”, con al menos 164 disposiciones orientadas a dar cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz en sus 6 puntos, incluyendo temas como: la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el fortalecimiento del catastro multipropósito, la financiación del Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz, el fortalecimiento de veedurías ciudadanas, la creación del Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, la Política Nacional de Drogas y reforma a la Ley de Víctimas.

Hay una acción articulada del sector paz de la Presidencia de la República liderada por la Unidad de Implementación con la Agencia de Renovación del Territorio, Agencia para la Reincorporación y la normalización, Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En ese marco, realizamos un ejercicio de priorización territorial con el fin de potenciar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y territorial y sumar esfuerzos en torno a una acción territorial integral en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz.  Con base en este cruce se definieron 8 subregiones: 1. Arauca, 2. Bajo Cauca Antioqueño, 3. Caguán Macarena, 4. Catatumbo, 5. Pacífico Nariñense, 6. Naya Calima San Juan, 7. Norte y occidente del Cauca, y 8. Medio y bajo Putumayo.

  1. Rezagos en la implementación.

La Unidad ha venido realizando un trabajo de articulación con las diferentes misiones de verificación al proceso de paz, como es el caso del Instituto Kroc, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA. Encontrando:

  1. Baja o casi nula ejecución de políticas y o programas que fortalezcan la participación ciudadana, y la transparencia.
  2. Inequidad en las aprobaciones presupuestales del OCAD-Paz,

Por ejemplo:

  • El 54% de la inversión total del OCAD-Paz se concentró en 5 de las 16 subregiones PDET (1. Sierra Nevada y Perijá, 2. Alto Patía y Norte del Cauca, 3. Macarena-Guaviare, 4. Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y 5. Putumayo). En estos se presentaron casos como el departamento del Cesar que obtuvo casi el 9 % de la asignación de los recursos del OCAD- Paz (8,2 billones de pesos a la fecha). 
  • 26 de los 170 municipios lograron 135 proyectos de inversión aprobados, representando el 43% de total de proyectos aprobados. En contraste con 7 municipios que a la fecha no han recibido recursos del OCAD Paz como son: Buenaventura, Ituango, Litoral de San Juan, Morales, Jambaló, Santander de Quilichao siendo de los municipios más afectados por el conflicto y con más altos niveles de pobreza.
  • Falta de veedurías y control social de los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz.
  • El Plan Marco de Implementación no ha sido actualizado ni revisado, cuando el Acuerdo disponía que se hiciese de forma anual.
  • Se encontró como lo ha mencionado el Director Felipe Tascón, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) tenía ejecuciones inconclusas y problemas serios en el territorio.

Hallazgos PNIS:

  • El Decreto Ley 896 de mayo de 2017 formalizó la política pública (PNIS), el programa de sustitución que se enfocaría en desarrollar proyectos productivos de carácter individual, además de condicionar la asistencia estatal de las familias cultivadoras a la erradicación previa de sus cultivos de coca. Estos condicionamientos, sumado a su desarticulación con el Punto 1 del Acuerdo de Paz, impidieron que el PNIS tuviera un impacto real en la transformación territorial y en el cambio en las fuentes de ingresos económicos de los productores.
  • Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre el año 2017 y 2021, se celebraron 9 compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los $793 mil millones, de los cuales a la fecha, hay 5 siniestrados, con ocasión de las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios en relación a los incumplimientos en las entregas de insumos, visitas de asistencia técnica, monitoreo y demás actividades contempladas en los compromisos contractuales.
  • A partir del 2022 la ejecución se llevó a cabo a través de 23 mega contratos, a los cuales se le apropiaron recursos por valor de $438.000.000.000. Pese a los montos invertidos, 6 años después del inicio de este programa, solo 386 familias de las noventa y nueve mil firmantes, habían recibido la totalidad de los componentes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), es decir, menos de 4/1000 de los beneficiarios, cuando el programa estaba proyectado a dos años.
  1. Apuestas y Avances

En el Gobierno del Cambio se dispusieron $50,4 billones de pesos para la implementación del Acuerdo Final de Paz para el cuatrienio. Aproximadamente el 80% de estos recursos están concentrado en la implementación de la Reforma Rural Integral ($41,6 billones). Este presupuesto supera en $13,39 billones en pesos corrientes, a los recursos dispuestos por el Gobierno anterior.

Punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”:

Durante el Gobierno del Presidente Petro se expidió el decreto 1406 que reglamenta la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que había sido establecido en la Ley 160 de 1994 pero que por más de 29 años no se había puesto en marcha. Este Sistema ya se puso en marcha y el próximo 24 de noviembre va a sesionar por primera vez la Comisión Intersectorial que coordina el Sistema bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura.

  1. Acceso y Uso de la Tierra

Fondo de tierras y Formalización:

El Gobierno del presidente Petro ha gestionado 603.711 hectáreas de tierras con corte 9 de noviembre del Contador de la Reforma Rural Agraria:

  • Ha comprado 44.145 ha
    • Ha formalizado 450.000 hectáreas de tierra a campesinos, indígenas, comunidades negras, población víctima.

Catastro Multipropósito:

  • La meta del Señor Presidente en el cuatrienio es actualizar el 70% del Territorio Nacional. Un total de 583 municipios.  
  • Se ha trabajado en la gestión catastral de 128 municipios representando más de 31 millones de hectáreas, para lograr al 2024 una meta superior a los 59 millones de hectáreas con actualización catastral, es decir, un 53% del área geográfica del territorio nacional.
  1. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET):

Más de 200 mil colombianos y colombianas participaron en la construcción de los PDET, logrando la identificación de más de 33 mil iniciativas que buscan beneficiar el 36% del territorio nacional.

  • En este Gobierno ha invertido $1,73 Billones para la implementación de 472 iniciativas Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
  • Durante el Gobierno del Cambio se han aprobado 98 proyectos por $274 mil millones, de los cuales 23 proyectos se encuentran localizados en 19 municipios PDET de 10 departamentos, con una inversión por más de $77 mil millones de pesos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
  • Destacamos en este periodo la aprobación y puesta en marcha de la nueva metodología de de priorización en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz, una de las bolsas de recursos más importante para la implementación del Acuerdo y de los PDET, con el objetivo de lograr una mayor equidad en la asignación de recursos, prelación a las regiones que menos recursos han recibido y priorización de iniciativas que apunten a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.
  1. Planes Naciones de la Reforma Rural.

El Sistema Nacional de Reforma Agraria es el mecanismo de coordinación y orientación estratégica de los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, en donde se recogen temas de vivienda rural, conexión vial, educación, salud, comercialización, acceso a tierras, atención a la niñez, entre otros.

Avanzamos en una estrategia de articulación y coordinación entre los 16 PNRRI. Con las entidades encargadas de los planes estamos trabajando los planes de acción 2024 con el fin de lograr una acción territorial y presupuestal articulada que logre el objetivo de transformación territorial. En esta acción se articularán también los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Avanzamos con el Ministerio de Salud en el corre del documento técnico del documento técnico y adopción del Plan Nacional de Salud, único Plan Nacional que está pendiente de adopción.

Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”:

Se creó una estrategia de reconversión de economías ilícitas que tiene como enfoque la reactivación económica de las zonas productoras de coca, marihuana y amapola, ampliando la acción más allá de la erradicación de cultivos, y fomentado alternativas productivas sostenibles. Con ello, se ha ampliado la política a 145 municipios del país, en donde se incluyen los 56 municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Igualmente, y en el marco de la Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, se promulgó la Política Nacional de Drogas por parte del Ministerio de Justicia.

  • El Gobierno ha designado los recursos para completar y cumplir con los compromisos adquiridos con las familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que beneficia a casi 100 mil familias de 56 municipios de nuestro país. En total se han apropiado un total de 3,2 billones de pesos para su implementación.
  • Se han invertido $141 mil millones en la estrategia de Hambre Cero para mitigar la crisis del hambre que hay en varias zonas cocaleras del país.

Punto 2, Participación Política:

El Acuerdo de Paz, concibe la participación a través de garantizar el Pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos, promoviendo la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. Respetando la movilización y la participación ciudadana.

Respetamos la Institucionalidad del Acuerdo, el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI y la configuración del partido Comunes.

  • Se han brindado las condiciones para la creación del partido político y movimientos de los firmantes, hoy contamos además de Comunes como partido político nacido tras la firma del Acuerdo de Paz, con más de 10 expresiones o movimientos sociales de firmantes del Acuerdo.
  • En julio de 2022 se posesionaron los representantes elegidos para ocupar 16 curules de paz que fueron creadas por el Acuerdo.
  • Hemos trabajo de manera articulada con el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz.
  • Avanzamos en la reglamentación del servicio social para la paz, como parte central de la política de Paz Total.
  • Trabajamos para fortalecer las veedurías ciudadanas con enfoque de género, como es el caso de la Red de Mujeres del Catatumbo. Trabajamos con la Red Institucional de Apoyo a las Veeduría (RIAV).

Punto 3, Fin del conflicto:

La estrategia de activación e impulso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) se fundamenta en un enfoque de la seguridad humana, entendiendo la seguridad desde un enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la Paz Total.

Avanzamos en la activación y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política (SISEP), que incluye la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel (IAN), la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, Comité de Impulso a las Investigaciones, Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida y los Programas Integrales de Protección, en donde participan más de 14 actores.

  • Construimos y sancionamos la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción.
  • Construimos el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para la población en reincorporación, y está en trámite su reglamentación.
  • Hemos realizado 57 sesiones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para firmantes del Acuerdo en Valle del Cauca, Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Tolima, Antioquia, Cauca, Putumayo, Chocó, Nariño y Meta.
  • Reactivamos el espacio tripartito de diálogo e intercambio de información sobre minas y artefactos explosivos, acompañando la labor de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
  • Se están adecuando 2 inmuebles para el funcionamiento de casas transitorias para firmantes y sus familias en situación de riesgo, en la ciudad de Bogotá y Cali.

El Acuerdo busca, garantizar la reincorporación integral de los firmantes, reconociendo sus diversidades (étnica, indígena, afro, campesina).

  • Aprobamos el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, los cuales incluyen 4 líneas transversales: reincorporación política, comunitaria, económica y social. Allí se abordan temas de acceso a tierras y vivienda, aplicación de los enfoques diferenciales y garantías de seguridad.
  • Se aprobó la estrategia de sostenibilidad de proyectos productivos de firmantes de paz, y la nueva estrategia de seguridad alimentaria, con el fin de poder ampliar el alcance al 90% de los firmantes.
  • Se han comprado y entregado 13 predios para la población en proceso de reincorporación (2.812 hectáreas).

Retos:

  • Tierra, vivienda y producción para firmantes, junto con la sostenibilidad de proyectos productivos y fortalecimiento de las medidas de seguridad.
  • Así mismo dentro de las metas que tenemos como gobierno está: logar la consolidación de por lo menos 10 AETCR (acceso a tierras suficientes, soluciones temporales de vivienda), pasando a las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC). 
  • 130 procesos de Reincorporación comunitaria desarrollados a través de la metodología de las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria y contar con por lo menos 60 procesos colectivos de mujeres firmantes fortalecidos.
  • Lograr que más de 1800 firmantes con discapacidad puedan acceder a los servicios de salud, cuidado, prótesis y o extensiones que fortalezcan su integración a la vida social y laboral. 

Punto 5, Víctimas:

El Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9.555.446 (18.3% de la población colombiana) de las cuales casi el 80% son sujeto de atención, y aproximadamente el 90% son víctimas de desplazamiento forzado. Igualmente se ha logrado la inclusión de 953 sujetos colectivos 416 de comunidades étnicas. Estamos trabajando en la tierra, vivienda y producción como camino para la reparación, junto con los planes de retornos y reubicaciones.

En Colombia hay aproximadamente 100 mil personas desaparecidas, es por esto que la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas en un trabajo de construcción comunitaria constituyó el plan nacional de búsqueda y los Planes Regionales de Búsqueda (PRB), que tienen como finalidad dar una respuesta institucional articulada para la búsqueda masiva de las personas.  De acuerdo a los registros en 9 de los 32 departamentos se encuentran el 60% de los desaparecidos del país por esto se han priorizado los pactos regionales en estas zonas, logrando a la fecha 12 pactos que permiten una respuesta articulada entre las instituciones y con la participación de las víctimas

  • El Gobierno del Presidente Petro ha decidido acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y ha establecido canales de comunicación directa con el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, y está trabajando en una hoja de ruta para la implementación y seguimiento de 104 recomendaciones incluyendo las recomendaciones en el capítulo étnico y el de hallazgos de la Comisión que involucran a más de 40 entidades del Estado.
  • Avanzamos de manera articulada con la Jurisdicción Especial para la Paz en el desarrollo de proyectos restaurativos en el marco de la garantía a los derechos a la justicia y reparación de las víctimas del conflicto. En el marco de esta articulación se han priorizado tres proyectos restaurativos: 1. Desminado humanitario en Dabeiba, Antioquia; 2. Restauración ambiental en el corredor Sumapaz-Chingaza; y 3. Proyecto ambiental con enfoque étnico en la Reserva ecológica del Pueblo Awá en Nariño.
  • Estamos trabajando en la reforma la Ley 1448 de 2011 con el fin incluir las disposiciones necesarias para articularla con lo planteado en el Acuerdo Final de Paz.

Punto 6, Verificación y Refrendación:

Se reactivaron las instancias del Acuerdo se aseguraron los recursos para la Instancia especial de Pueblos étnicos, y la instancia especial de Mujeres, se mantiene relación directa con el partido comunes, y se han realizado 14 las sesiones de seguimiento y verificación de la Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI, y el Consejo Nacional de Reincorporación-CNR.

Cifra:

  • La Unidad está garantizando el funcionamiento los equipos de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación (CSIVI), Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Instancia Especial de Mujeres (IEM), con una financiación de $7.000 millones de pesos.
  • Pusimos en funcionamiento la Instancia de Acompañamiento Internacional dispuesta en el punto 6 del Acuerdo de Paz, de la cual hacen parte más de 30 actores de la cooperación internacional. En el acto de instalación estuvieron presentes entidades del Estado colombiano, población firmante e instancias de participación.

Capítulo étnico:

  • Se diseñó junto con la vicepresidencia una estrategia para la implementación de acción rápida para la implementación del capítulo étnico, haciendo énfasis en los puntos con mayor rezago en los compromisos étnicos.
  • Avanzamos en el plan de armonización del capítulo étnico para la reincorporación integral.

Enfoque de género:

  • Se reactivó y puso en funcionamiento la Alta Instancia de Género de Gobierno, como escenario para hacer impulso y seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo.
  • Se está implementando una macro-meta presidencial Macrometa para las Mujeres en la ruralidad, con la cual se impulsan las medidas de género del Plan Marco de Implementación, en temas claves de la reforma rural integral como: acceso a tierras, financiamiento para la autonomía, gestión y movilización de conocimiento técnico, fortalecimiento organizativo, comercialización con igualdad, catastro multipropósito.

Enfoque de discapacidad:

  • Avanzamos en un convenio con el Hospital Militar, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Ministerio de Salud, el Fondo Colombia en Paz y el Fondo Paz, para atender a personas en condición de discapacidad por razones del conflicto social y armado, como firmantes de paz, miembros de la fuerza pública, víctimas del conflicto y víctimas de lesiones oculares con ocasión del estallido social.

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